TSJ/SE, Sent. N° 030, Exp. 01-000023, 28/03/2001 · 28 de marzo de 2001
Expediente01-000023
Parte actora / solicitanteVICTOR MALDONADO
Parte demandada / contraparteMinisterio de Educación, Cultura y Deporte
PonenteRAFAEL HERNÁNDEZ UZCÁTEGUI
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2001-03-28
DecisiónSin Lugar
Extracto de la motiva
La competencia, como cualidad y alcance de la facultad de administrar justicia, ha sido distribuida por el legislador entre los distintos Tribunales de la República, atendiendo, entre otros criterios, al de la materia (ratione materiae), consistente en una apreciación de la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia. En casos como el presente, en el que la controversia gira en torno a la anulación o no de actos emanados de órganos de la Administración Pública, el criterio in commento se subdivide en material, propiamente dicho, y orgánico, dependiendo de que el acento en la relación jurídica se dé en el ámbito de la materia que se discute. Así se declara. Una vez asumida la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto, y a tal efecto observa que el recurrente alegó, en primer lugar, la incompetencia del Directorio del Instituto Nacional de Deportes para ordenar a la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Atletismo la convocatoria a una asamblea aprobatoria de la modificación de sus Estatutos, por ser violatoria de los artículos 67, 70, 72, 119, 120 y 206 de la Constitución de la República de Venezuela; 2 y 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 19, ordinales 1 y 4 eiusdem; 32 y 36 de la Ley de Deportes, y 4, 5 y 8 del Reglamento N° 1. A este respecto, observa la Sala que si bien la Constitución de 1961, casi tanto como hoy, reconocía y protegía en cada ciudadano el derecho a asociarse con fines lícitos (Art. 70 de la Constitución de 1961), y a la protección y fomento de las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades (Art. 72 de la Constitución de 1961), nada obsta a pensar que el Estado, en ejercicio de su rol de árbitro y promotor de la vida social, participe en áreas de actividad que debido a su importancia está en la obligación de intervenir. Claro ejemplo de ello lo constituye el área del deporte que, a diferencia de lo que ocurre en la actual Constitución, no aparecía expresamente mencionado en el texto constitucional de 1961, y sin embargo, no dejó de estar regulado por sucesivas leyes. Así pues, la vigente Ley del Deporte establece la existencia de un Instituto Nacional de Deportes, adscrito al Ministerio de la Familia (Art. 14), actualmente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encargado de planificar, formular, dirigir, coordinar, estimular, proteger, supervisar y evaluar las actividades deportivas que se desarrollen en el territorio nacional o por venezolanos en competiciones deportivas internacionales (Art. 15). En este punto, es necesario dejar sentado que si bien, como alegó el recurrente, por ‘actividades deportivas’ puede entenderse una combinación de actividades lúdicas y físicas, resulta imposible aplicar a esta frase todos los verbos enunciados en la norma in commento, de lo que se sigue que ‘planificar’, ‘formular’, ‘dirigir’, ‘coordinar’, ‘estimular’, ‘proteger’, ‘supervisar’ y ‘evaluar’ no puedan referirse únicamente a la combinación de actividades lúdicas y físicas, sino que se extiende, necesariamente, a políticas deportivas y a su ejecución, sin negar por ello que aún puedan realizar otras actividades que le sean conexas o relacionadas, siempre que éstas sean estrictamente necesarias para la consecución de las primeras.