Sentencia N° 119 Electoral TSJ 2000: Gerardo Paéz García vs Ricardo Julio Maldonado González — Admisión de acción de amparo…

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Paéz García contra la postulación de Ricardo Julio Maldonado González al cargo de Rector-Presidente de la Universidad de Carabobo. El demandante argumentó que la postulación era ilegítima debido a que el candidato no cumplía con el requisito de tener un título de Doctor, como lo exige la Ley de Universidades. La Sala consideró que tenía competencia para conocer la acción y que esta cumplía con los requisitos legales para su admisibilidad.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y al respecto observa que mediante decisión de fecha 10 de marzo de 2000, este órgano judicial conforme al nuevo marco constitucional existente, declaró que le corresponde ejercer el control de la legalidad y la constitucionalidad —hasta tanto se organice la jurisdicción contencioso electoral— de los actos sustancialmente electorales, emanados del Poder Electoral, a través de los recursos contencioso electorales, mas no emitió pronunciamiento acerca de la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional de carácter autónomo, pues conforme a lo establecido en la sentencia dictada el día 20 de enero de 2000 por la Sala Constitucional de este Tribunal, le compete a esa Sala conocer de manera exclusiva y excluyente de dichas acciones cuando se interpongan contra actos, actuaciones u omisiones imputables a los titulares de los Poderes Públicos enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el Consejo Nacional Electoral. No obstante, cabe advertir que esta Sala en sentencia de fecha 26 de julio de 2000 se pronunció sobre su competencia para conocer acciones de amparo en materia electoral y al respecto señaló: "La situación derivada del monopolio que ejercen tanto la Sala Constitucional, como la Sala Electoral en los ámbitos de competencia antes identificados, da como resultado que los actos actuaciones y omisiones de algunos órganos electorales pertenecientes tanto al Poder Electoral, como de los entes mencionados en el artículo 293, numeral 6, constitucional, no resulten susceptibles de ser accionados mediante el amparo autónomo, al no encuadrar dentro de los órganos tipificados —o equivalente constitucionales—enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así por ejemplo, los actos de admisión o rechazo de una candidatura emanados de Juntas Electorales, o la negativa a incluir en el Registro Electoral a uno o varios ciudadanos, por parte de la Dirección de Registro Civil o Electoral, por ser considerados lesivos de derechos constitucionales, no pueden ser accionados mediante amparo autónomo. Sucede lo mismo con actos de Comisiones Electorales de Universidades, entes gremiales, u organizaciones con fines políticos. La aplicación de la aludida tesis jurisprudencial lesionaría el derecho a ser amparado por los tribunales que tiene toda persona, de conformidad con el artículo 27 constitucional, lo que resulta inaceptable, pues en ningún caso puede primar una tesis doctrinaria sobre un clarísimo y categórico derecho fundamental, como lo es del amparo. Por tanto, el máximo Tribunal de la República está obligado a garantizar su pleno ejercicio, soslayando cualquier obstáculo, independientemente de su origen: doctrinario, jurisprudencial o normativo. Pues bien, en esa orientación conceptual observa la Sala que la única forma de conciliar la preservación del mencionado derecho, con la citada tesis jurisprudencial, es postular que corresponde a esta Sala el conocimiento de las acciones de amparo autónomo que se interpongan contra actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos administrativos, distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o de los constitucionales equivalentes a los mismos. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Gerardo PAÉZ GARCÍA, contra la postulación del ciudadano Ricardo Julio MALDONADO GONZÁLEZ al cargo de Rector-Presidente de la Universidad de Carabobo, para el período electoral 2000-2004 y, contra la Comisión Electoral de la referida Universidad en la persona de su Presidente Otto HOFFMAN, por haber aceptado la postulación del mencionado ciudadano y haber convocado a elecciones para los días 11 y 13 de octubre de 2000. En consecuencia, ORDENA a la Secretaría de la Sala: Primero: Notificar al Presidente de la Comisión Electoral de Universidad de Carabobo, ciudadano Otto HOFFMAN, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la Secretaría de esta Sala para la audiencia constitucional, a fin de que exprese los argumentos que estime convenientes en relación con la acción de amparo interpuesta, a cuyo efecto anexará al respectivo oficio copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. Segundo: Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, anexando al respectivo oficio copia de esta decisión. Tercero: Fijar la audiencia oral dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.