Sentencia N° 110 — Sala Electoral del TSJ, 4 de junio de 2002

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo cautelar interpuesta por Jorge Guillermo Angulo Santana y Claudio Rivas, quienes impugnaron la Resolución N° 011108-374 del Consejo Nacional Electoral que declaró como no realizada la elección de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Industrial de Venezuela. La Sala consideró que no existía presunción grave de violación de derechos constitucionales, ya que la resolución impugnada se basó en irregularidades en el proceso electoral.

La acción cautelar de amparo tiene una naturaleza eminentemente preventiva que va dirigida a la protección temporal de los derechos de la parte recurrente mientras se dicta la sentencia definitiva con motivo del recurso principal, en virtud de lo cual se distingue de la pretensión autónoma de amparo constitucional, pues ésta no está subordinada a ningún otro recurso o procedimiento por lo que es indudable que mediante tal acción autónoma de amparo se pretende lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En este sentido, esta Sala señaló (entre otras, sentencia de fecha 19 de diciembre de 2001, caso NATALIA PACHECO, ROLANDO VALERIO y LUIS MUÑOZ vs. Consejo Nacional Electoral), que al afirmarse el carácter instrumental que tiene el amparo cautelar respecto a la acción principal objeto del juicio, la pretensión de amparo constitucional debe asumirse como una medida cautelar, la cual hace alusión exclusivamente a la violación de derechos y garantías constitucionales, por lo que resulta de suma urgencia el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada, debiendo el Juzgador revisar los requisitos a los que está subordinada la procedencia de las medidas cautelares, adaptados a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados; criterio que ha sido compartido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2001 (caso Marvin Sierra Velasco vs. Ministerio del Interior y Justicia). En virtud de lo anterior, debe revisarse en primer lugar el fumus boni iuris, con el objeto de verificar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho constitucional denunciado como conculcado; y, en segundo lugar, el periculum in mora, el cual está determinado por la verificación del requisito anterior, ya que basta con que exista la presunción grave de violación de un derecho constitucional para que de inmediato surja la necesidad de su protección ante el riesgo de un perjuicio irreparable por la definitiva.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por los ciudadanos Jorge Guillermo Angulo Santana y Claudio Rivas, quienes señalaron actuar en su condición de Presidente y Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Banco Industrial de Venezuela (SINTRABIV) respectivamente, asistidos por el abogado José Felipe Montes Navas, contra la Resolución N° 011108-374, de fecha 8 de noviembre de 2001, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en la Gaceta Electoral N° 132 del 16 de noviembre de ese mismo año, mediante la cual declaró como no realizada la elección de la Junta Directiva del Sindicato en referencia.