Sentencia N° 941 — Sala de Casación Social del TSJ, 3 de agosto de 2011

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por María Margherita Tello D'Antoni, accionista de Acqua Jet, C.A., contra una sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo que declaró sin lugar su demanda de invalidación. La Sala examinó los argumentos del recurrente y determinó que la decisión impugnada no vulneró normas de orden público, por lo que declaró inadmisible el recurso. La decisión se fundamenta en la potestad discrecional de la Sala para ejercer el control de la legalidad en casos excepcionales.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho. En el caso concreto señala el recurrente que la sentencia recurrida violó las normas de orden público contenidas en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 8° y 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y, en el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, al no declarar la incompetencia del tribunal que decidió el juicio de cobro de prestaciones sociales siendo un niño el mayor accionista de la sociedad mercantil demandada, no sentenciar de acuerdo con el interés superior del niño; y, al vulnerar el principio de exhaustividad del fallo limitándose a resolver la falta de legitimidad de la parte actora opuesta por los demandados.

Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.