Sentencia N° 94 Casación Social TSJ 2001: MARTÍNEZ S. MARÍA E. y otros vs GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO y la…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de docentes contra la Gobernación del Estado Trujillo y la Dirección de Educación y Deportes del Estado. El Juzgado Segundo de Primera Instancia se declaró incompetente, lo que llevó a la Sala a determinar que la naturaleza de la acción era de orden constitucional, correspondiendo su conocimiento a la Sala Constitucional. La Sala Social, al acoger los criterios de la Sala Constitucional, declinó su competencia y remitió el expediente a dicha Sala para que continúe con los trámites correspondientes.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la facultad de dirimir los conflictos de competencia planteados entre tribunales, sea ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico. Ahora bien, es necesario determinar a qué Sala de este Supremo Tribunal corresponde conocer la presente controversia. En este caso, la naturaleza de la acción intentada es de orden constitucional, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal el ejercicio de la jurisdicción constitucional, siendo esta Sala la competente para el conocimiento y resolución de los asuntos comprendidos en dicha jurisdicción, tal como se expresó en la Exposición de Motivos de nuestra Carta Magna. Así lo dejó sentado la Sala Constitucional, en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2000, al delimitar la competencia que le ha sido atribuida constitucionalmente: 'Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales...'. De conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional son vinculantes para las otras Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, esta Sala Social acoge los criterios precedentemente expuestos.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declina la COMPETENCIA para conocer del presente proceso a la SALA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, remítase el expediente a dicha Sala de este Alto Tribunal, para que continúe con los trámites de ley. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.