Sentencia N° 936 — Sala de Casación Social del TSJ, 8 de agosto de 2012

En esta sentencia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, en un juicio por cobro de prestaciones sociales. La Sala analiza los requisitos de admisibilidad del recurso y concluye que no se cumplen las exigencias necesarias para su procedencia, ya que la sentencia recurrida no vulnera normas de orden público laboral.

Verificado en el presente caso el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad antes transcritos, pasa esta Sala a conocer el escrito contentivo de este medio de impugnación excepcional en los siguientes términos: En el caso concreto, señala expresamente la parte recurrente lo siguiente: En el presente caso, la recurrida reitera la infracción de normas de carácter legal de eminente orden público, siendo el caso que tales yerros son de tal entidad, que resultó alterada de forma grosera la legalidad de la decisión y del proceso mismo, al haberse infringido normas sustantivas y procesales que se encuentran contenidas tanto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ley Orgánica del Trabajo, así como el Código de Procedimiento Civil y Código Civil, estos últimos aplicable (sic) analógicamente al proceso laboral por la previsión contenida en el artículo 11 de aquella ley, y con mayor razón en materia de pruebas -como sucede precisamente en el presente caso- dada la remisión expresa a las disposiciones de dicho Código contenida en el artículo 70 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así mismo, la referida sentencia violenta y contradice reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que más adelante se especifica.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por el representante judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha en fecha 14 de marzo del año 2012, dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.