Sentencia N° 929 — Sala de Casación Social del TSJ, 3 de agosto de 2011

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 3 de agosto de 2011, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada en un juicio por cobro de indemnización derivada de un accidente laboral. La Sala determinó que la decisión recurrida no incurrió en violación de normas de orden público, por lo que declaró inadmisible el recurso. Se argumentó que la potestad revisora de la Sala se ejerce de forma discrecional y excepcional, y que no se evidenciaron quebrantamientos que transgredieran el Estado de Derecho.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 13 de mayo de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.