Sentencia N° 924 — Sala de Casación Social del TSJ, 26 de junio de 2008

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación de la empresa demandada contra un fallo del Juzgado Primero Superior del Trabajo. La decisión de la Alzada había declarado con lugar el recurso de apelación y la demanda por cobro de prestaciones sociales. La Sala consideró que la sentencia recurrida no incurre en las violaciones alegadas por la parte recurrente, lo que llevó a declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Como se aprecia, para que proceda la admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación, se debe cumplir con los requerimientos formulados en el dispositivo legal reproducido en el párrafo precedente, a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social. Expuesto lo anterior, esta Sala de Casación Social pasa a estudiar el asunto: Que en Alzada, la juzgadora consideró que los reportes de servicio, en copia al carbón, deben considerarse como indicios graves, precisos y concordantes según lo expuesto con la conducta procesal de la demandada y la declaración del testigo promovido por la parte actora (señala el recurrente que el testigo no es la persona quién suscribe dichos reportes), lo cual le permitió concluir a la Alzada que el demandante laboró las horas extras reclamadas.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra el fallo emitido por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de abril de 2008. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.