Sentencia N° 86 Casación Social TSJ 2000: UBENCIO RODRÍGUEZ, JOSÉ GUEVARA y MARÍA LEÓN… vs Fondo Nacional de Investigaciones…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por los abogados de los demandantes en un juicio de prestaciones sociales. La decisión del Juzgado Superior fue declarada inadmisible debido a que la cuantía reclamada no cumplía con el requisito establecido por el Decreto Presidencial Nº 1029. La Sala argumentó que cada pretensión debía ser considerada individualmente y que la suma total de las pretensiones no superaba el monto mínimo exigido para la admisibilidad del recurso de casación.

Aprecia esta Sala, que el Sentenciador Superior basó su negativa de admisión del recurso de casación anunciado, en razón de la cuantía que por Decreto Presidencial Nº 1029, publicado en Gaceta Oficial, del mes de enero de 1.996, que modificó el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, y fijó la estimación del interés principal en materia de juicios laborales, en la suma de tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,oo) como condición de admisibilidad para acceder a la revisión por parte de este Alto Tribunal, en observación al criterio de la doctrina acogida por esta Sala de Casación Social, con respecto al momento en que debe comenzar a regir la nueva cuantía en los procesos iniciados antes de la promulgación del decreto presidencial 1.029, respecto a la cuantía necesaria para al admisibilidad del recurso de casación. Ahora bien, el apoderado de la parte actora fundamentó el presente recurso de hecho en la circunstancia, de que la suma demandada totaliza la cantidad de siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y seis bolívares con ochenta céntimos (Bs. 7.449.156,80), acumulando las tres pretensiones, estableciendo de esta manera un monto global, pues a su decir, el carácter automático y expansivo de la Convención Colectiva penetra los contratos individuales y los pluraliza, permitiéndose así la acumulación de las diferentes pretensiones. Observa esta Sala, que en el caso subjudice, se presenta lo que en derecho corresponde a la figura denominada conexión impropia o intelectual, estando frente a una acumulación de acciones de carácter subjetivo, lo que conlleva a que deban ser consideradas cada una de manera individual, no pudiendo, como lo pretende el recurrente, en base a el carácter automático y expansivo de la Convención Colectiva que penetra los contratos individuales y los pluraliza, hacer una sumatoria de las pretensiones, tomar este cálculo y obtener así el limite de la cuantía admisible para interponer recurso de casación, ya que esta admisibilidad dependerá exclusivamente del valor que tenga cada pretensión individualmente considerada, y no al carácter expansivo de las cláusulas normativas del Contrato Colectivo, cuyo contenido atiende al conjunto de estipulaciones integrado por cláusulas de carácter económico y social destinadas a incorporarse a los contratos individuales de trabajo, siendo que deberán ser aplicadas dichas estipulaciones, por igual a los trabajadores antes, durante y después de su vigencia, es así, que dichos principios aludidos tanto el automático como el expansivo, no son susceptibles de ser opuestos como fundamentos que permitan la totalización de las diferentes cuantías para acceder a casación.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el Recurso de Hecho propuesto por el abogado Macario José Castillo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra el pronunciamiento de fecha 4 de agosto de 2000, dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, denegatorio éste del recurso de casación anunciado contra el fallo emanado del referido Juzgado Superior de fecha 29 de junio de 2000. De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, sobre la imposición de las costas en materia de recurso de casación, este Máximo Tribunal se pronuncia, y considerando que la demanda en este caso ha sido interpuesta, en fecha 17 de noviembre de 1.994, data esta anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1.029, que modificó la cuantía establecida en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil como requisito de admisibilidad del recurso de casación, SE EXIME de costas a la parte recurrente de hecho, por ser una cuestión de derecho sobrevenida.