Sentencia N° 75 — Sala de Casación Social del TSJ, 6 de febrero de 2018

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada en un caso de divorcio. El tribunal declaró perecido el recurso debido a la falta de formalización dentro del lapso establecido por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se consideró que el término para formalizar el recurso había vencido sin que se presentara el escrito correspondiente.

El artículo 489-D de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece un lapso de veinte (20) días consecutivos para formalizar el recurso de casación, y consagra como sanción a la inobservancia por parte del formalizante de dicho lapso, el perecimiento del recurso extraordinario. Asimismo considera esta Sala que se dejará correr además el término de la distancia correspondiente si la sede del Tribunal que dictó la decisión recurrida no se encuentra en la capital de la República y se computará a partir del día siguiente del vencimiento del término de cinco (5) días que se otorgan para el anuncio del recurso. En el caso específico, del cómputo practicado por la Secretaría de esta Sala en fecha 11 de agosto del año 2017, se evidencia que el lapso para formalizar este medio extraordinario de impugnación comenzó a correr el día siguiente a los cinco (5) días que se dan para el anuncio del mismo, es decir, en fecha 4 de abril del año 2017, y venció el 28 de abril del año 2017, lo que implica que la parte recurrente no formalizó el recurso dentro del lapso establecido por la ley, lo que conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del mismo. Se condena en costa del recurso a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 489-H de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

PERECIDO el recurso de casación anunciado por la parte demandada, contra el fallo emanado del Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, de fecha 9 de enero de 2017. Se condena en costa del recurso a la parte recurrente.