Sentencia N° 75 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de febrero de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Josué Aristóbulo Contreras Molinas, en relación a una sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Estado Miranda. La Sala determinó que el recurrente no presentó de manera expresa la violación de alguna norma de orden público ni contravención de jurisprudencia, lo que llevó a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso. Además, se impuso una multa de diez unidades tributarias al recurrente por interposición maliciosa del recurso.

En el caso concreto, la Sala observa del escrito del recurso de control de la legalidad, que el recurrente no señala de manera expresa la violación de alguna norma de orden público o la contravención de alguna jurisprudencia emanada de esta Sala, pues se limitó en su exposición a hacer consideraciones sobre lo decidido por el Juez que conoció en Primera Instancia, lo que hace imposible entender el fundamento de su recurso y conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del medio de impugnación interpuesto. Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide. Dada la conducta evidente del recurrente al interponer recurso de control de la legalidad absolutamente infundado, esta Sala considera que en este caso se configura el supuesto de interposición maliciosa del recurso de control de legalidad a que se refiere el último aparte del artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2005, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión. Se impone al recurrente multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), y se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dependiente del Ministerio de Finanzas.