Sentencia N° 72 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de marzo de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Fulgencio Antonio Salazar Alcalá contra la decisión del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. La Sala argumentó que no se incurrió en violaciones de las normas denunciadas que transgredirían el Estado de Derecho, y que la decisión del Juzgado fue conforme a las pruebas presentadas en la audiencia preliminar. El recurrente alegó que la sentencia recurrida infringió disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, argumentando que el Juzgado Superior debió revocar el fallo apelado por la no comparecencia de la parte demandada. Sin embargo, la Sala concluyó que no existieron violaciones categóricas del orden legal establecido, lo que llevó a declarar inadmisible el recurso. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo para su ejecución, sin condenatoria en costas dada la índole de la decisión.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aun cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza son de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral. En el caso concreto, expone el recurrente que la sentencia recurrida infringió el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al compartir los criterios del Juzgado Quinto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, que declaró parcialmente la demanda, señalando que ambos Juzgados fundamentaron su decisión en las pruebas documentales presentadas por su representada en la audiencia preliminar, de las cuales no se desprende que la demandada sea una empresa de la construcción, ni que el trabajador sea acreedor de los beneficios del contrato colectivo o del laudo arbitral celebrado con la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Cámara Venezolana de esta rama de la industria, el cual no fue aportado a los autos por la parte demandante.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 11 de agosto de 2004, dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de su ejecución. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.