Sentencia N° 703 — Sala de Casación Social del TSJ, 22 de mayo de 2008

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una decisión del Juzgado Primero Superior del Trabajo. La Sala argumentó que la decisión recurrida era una sentencia interlocutoria que no ponía fin al juicio, lo que justificaba la inadmisibilidad del recurso. Además, se consideró que la interposición del recurso fue maliciosa, imponiendo una multa al recurrente.

La Sala observa que el fallo recurrido es una sentencia interlocutoria que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el acta de fecha 13 de diciembre de 2007, que declaró la admisión de los hechos por la incomparecencia de las empresas codemandadas a la prolongación de la audiencia preliminar. En este sentido, al tratarse la decisión recurrida de una sentencia que no pone fin al juicio, debe declararse inadmisible el presente recurso, conforme al criterio sostenido por esta Sala en sentencia Nº 87 de fecha 20 de febrero de 2003, parcialmente transcrita. Así se decide. Dada la conducta temeraria del recurrente al interponer el recurso, sin acatar la jurisprudencia que tiene establecida la Sala respecto a la inadmisibilidad del control de la legalidad contra las sentencias interlocutorias, esta Sala considera que en este caso se configura el supuesto de interposición maliciosa del recurso de control de legalidad a que se refiere el último aparte del artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la decisión de 28 de febrero de 2008 dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión. Se impone al recurrente multa de veinte unidades tributarias (20 U.T.), y se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.