Sentencia N° 70 Casación Social TSJ 2001: Irma Coromoto Castro ROA vs Marco Antonio Rosal Pérez — Regulación de competencia en…

La Sala de Casación Social conoce del conflicto negativo de competencia en un juicio de liquidación y partición de comunidad concubinaria entre Irma Coromoto Castro Roa y Marco Antonio Rosal Pérez. El Juzgado Segundo de Primera Instancia declinó la competencia al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, argumentando que la controversia no encuadra en su competencia. Sin embargo, la Sala establece que los Juzgados Civiles son competentes para conocer de estas causas, ya que la naturaleza de la pretensión no afecta directamente los derechos de los menores involucrados. La decisión reafirma la competencia del Juzgado Civil en este tipo de casos, garantizando la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

El Tribunal declinante, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al fundamentar su declinatoria, lo hizo en los siguientes términos: “Ahora bien, esas controversias judiciales que se refieren directamente a derechos patrimoniales que le corresponden a sujetos mayores de edad pareciera que no encuadran dentro de los supuestos relativa a la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, previstos en el Artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Sin embargo, este Tribunal estima que los Juzgados Civiles con competencia de familia, no son competentes para conocer de esta causa y de todas aquellas en las que refiriéndose a controversias patrimoniales entre adultos, coexistiesen relaciones de familia en las que hubiere menores de edad. En efecto: Los casos como el presente no se limitan a una controversia patrimonial, sino que ésta tiene profundas consecuencias en la vida de los niños y adolescentes que fueren producto del vínculo que unió a los padres, pero que, por diversos motivos, se disolvió. El Juez Civil con competencia en Familia, no es el órgano idóneo para resolver tales controversias puesto que, aún cuando ciertamente él puede hacer uso de la normativa prevista en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, carece de la estructura necesaria para ello. En cambio, los Juzgados de Protección poseen la estructura necesaria y, además, pueden aplicar el procedimiento expedito previsto en la ley especial. El cambio esencial que encierra la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la aplicación de la doctrina de la protección integral del niño y el adolescente. Así pese a que la controversia sea entre adultos, el Tribunal de Protección puede dictar un sin número de medidas, permitidas por la Ley, encaminadas a proteger y satisfacer los derechos que le corresponden a los niños y adolescentes, situación que no le es dable, con la plenitud que este sujeto de derechos requiere, al Juzgado Civil de Familia.

Por la razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE para conocer del presente juicio al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal antes mencionado. Particípese de esta remisión a la Sala de Juicio N° XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.