Sentencia N° 69 Casación Social TSJ 2000: ANDRÉS JOSUÉ QUINTERO y ANA INDHIRA QUINTERO… vs Daniel Morí Llaca

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conoce de una solicitud de regulación de competencia en un proceso de resolución de contrato de arrendamiento agrario. El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Estado Portuguesa se declaró incompetente y remitió el expediente al TSJ. La Sala determina que, dado que las partes eligieron expresamente la jurisdicción de Acarigua, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito es competente para conocer del caso.

El Tribunal declinante, Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, por medio del auto de fecha 16 de mayo de 2000, se declaró incompetente por razón del territorio, en virtud de que el inmueble objeto de la controversia, se encuentra ubicado en la Jurisdicción del Municipio Anzoátegui del Estado Cojedes, en consecuencia, se declaró incompetente en conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante.” El Tribunal requerido por su parte, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con sede en San Carlos, mediante decisión de fecha 15 de junio de 2000, al fundamentar su declinatoria, señaló lo que a continuación se transcribe: “Ahora Bien, si bien he referido artículo 42 del Código de Procedimiento Civil trata sobre la competencia territorial se observa que en el artículo 47 del mismo Código se prevé la posibilidad de la DEROGATORIA de dicha competencia, al señalar: ‘La competencia por territorio puede derogarse por convenio de las partes caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que deba intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine.’ (Negritas del Tribunal). Vemos como la propia ley en esta materia específica de la competencia ratione loci autoriza la derogación de sus normas, y ello porque no existe interés público en esta clase de competencia razón a que se trata de tribunales de un mismo tipo, es decir, con una misma competencia subjetiva. Es indiferente para la administración de justicia -señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche- que conozca de un juicio laboral el Juez de trabajo de otra circunscripción, puesto que ambos son jueces laborales (Código de Procedimiento Civil, tomo I, pág. 198) siendo así, es necesario determinar si el principio general previsto en el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por voluntad de las partes.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE para conocer del presente juicio por resolución de contrato de arrendamiento, al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, CON SEDE EN ACARIGUA. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal antes mencionado.