Sentencia N° 649 — Sala de Casación Social del TSJ, 21 de junio de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre un recurso de hecho y un recurso de control de la legalidad interpuestos por las partes en un juicio laboral. Se declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto por la parte actora, argumentando que no se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo, se declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte demandada, imponiendo multas a ambas partes por interposición maliciosa de recursos.

Visto el escrito de fecha 6 de agosto de 2004, inserto al folio 203 de la pieza principal, mediante el cual la parte actora anuncia recurso de casación, se niega el mismo por cuanto los montos demandados por cada trabajador, individualmente considerados, no alcanzan el límite establecido por el legislador en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El último día para anunciar el recurso, venció el 11 de agosto de 2004. Ahora bien, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra en su artículo 167, que para la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en los juicios laborales, así como en los laudos arbitrales, se requiere que el interés hecho valer en la pretensión exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). En este sentido, resulta oportuno indicar que la sentencia recurrida en el caso bajo examen fue dictada el 23 de julio del año 2004, momento en el cual la unidad tributaria tenía un valor de veinticuatro mil setecientos bolívares (Bs. 24.700,00), correspondiendo así la cantidad mínima requerida como estimación de la demanda por el aludido artículo 167, ordinal 1° de la ley adjetiva laboral, para la admisibilidad del recurso de casación, a setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,00). Cabe considerar por otra parte que, en el presente procedimiento especial laboral por cobro de diferencia de prestaciones sociales se configura un litisconsorcio activo, tal y como se evidencia del escrito libelar, de cuyo análisis exhaustivo advierte esta Sala, que cada una de las cantidades reclamadas por los demandantes -individualmente consideradas-, no superan la cuantía mínima exigida en la ley procesal laboral para el ejercicio del recurso extraordinario de casación -3.000 U.T.- como lo es en este caso la suma de setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,00). En este orden de ideas, es pacífico y reiterado el criterio jurisprudencial adoptado por este máximo Tribunal, en aquellos casos de acumulación de pretensiones de naturaleza laboral, en los cuales se debe examinar si por lo menos una de ellas cumple con la cuantía requerida para acceder a casación, a los efectos de la admisibilidad de este medio extraordinario de impugnación.

En mérito de las consideraciones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1° SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto por la parte actora contra el auto de fecha 12 de agosto del año 2004, dictado por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio a su vez del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada el 23 de julio del año 2004, por el mencionado Juzgado Superior. Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con lo estatuido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dada la reiterada doctrina de esta Sala, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos contenidos en el último aparte del artículo 170 de la indicada Ley Adjetiva Laboral, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se impone al recurrente multa de diez (10) unidades tributarias; 2° INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la referida sentencia de fecha 23 de julio del año 2004. Se impone al recurrente multa de diez unidades tributarias (10 U.T.). En virtud de las multas impuestas, se ordena al Tribunal de la causa expedir las correspondientes planillas de liquidación, para ser pagadas en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, adscrita al Ministerio de Finanzas.