Sentencia N° 638 — Sala de Casación Social del TSJ, 4 de agosto de 2015

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de los recursos de control de la legalidad interpuestos por la parte demandante y demandada en un juicio por cobro de diferencias de prestaciones sociales. La decisión de alzada había declarado con lugar el recurso de apelación de la parte demandante, pero la Sala concluyó que no se incurrió en violaciones de normas de orden público, lo que llevó a declarar inadmisibles ambos recursos. La sentencia se fundamenta en el análisis de los requisitos de admisibilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que, no siendo impugnables en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público. Asimismo, la citada disposición limita la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar el fallo, de conformidad con lo establecido el artículo 165 eiusdem y el criterio plasmado en la sentencia N° 569 de fecha 29 de abril del año 2008 (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A.); debiendo consignarse escrito razonado con una extensión máxima de tres (3) folios útiles y sus vueltos. Esta Sala de Casación Social ha destacado la potestad discrecional conferida por el referido artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de restringir la admisibilidad de dicho medio de impugnación, limitándola a situaciones en las cuales la violación o amenaza sea de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión, por tratarse de quebrantamientos categóricos del orden legal establecido (vid. sentencia N° 692 de fecha 12 de diciembre del año 2002, caso: Antonio del Valle Lira Méndez contra Baker Hughes, S.R.L).

Por las razones expuestas, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte demandante contra la sentencia dictada en fecha 13 de abril del año 2015, dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; y SEGUNDO: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte demandada contra el fallo antes identificado. No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión.