Sentencia N° 59 — Sala de Casación Social del TSJ, 5 de febrero de 2009

La Sala de Casación Social decide sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la ciudadana Macarena del Rosario Nieto Mallea, quien busca impugnar una decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo que declaró sin lugar su apelación. La Sala analiza las exigencias para la admisibilidad del recurso, destacando que debe tratarse de sentencias de Juzgados Superiores Laborales que no sean impugnables en casación y que violen normas de orden público laboral. La Sala admite el recurso, considerando que no ha sido interpuesto maliciosamente y que existen motivos racionales para su presentación.

El recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, por tanto, deben cumplirse a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Expuesto lo anterior, esta Sala de Casación Social pasa a realizar el siguiente pronunciamiento: Señala la representación judicial de la demandante, que el Juzgador no tomó en consideración los principios constitucionales o legales que garantizan y establecen los derechos laborales de los trabajadores, así como también contradicen el criterio reiterado y sostenido por la Sala. Explica la parte recurrente, que no se puede desconocer el pago de prestaciones sociales a la trabajadora por el no cumplimiento de un procedimiento contemplado en la ley, es decir, por la supuesta falta de agotamiento de la vía administrativa, lo cual es un criterio ya superado por la Sala de Casación Social, haciendo mención a la sentencia de fecha 17 de mayo de 2007, ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, caso Martín Enrique Maestre Hernández contra C.V.G. Bauxilum, C.A.

Se ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, ordenando seguir el procedimiento previsto al efecto en los artículos 173 y 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.