Sentencia N° 581 — Sala de Casación Social del TSJ, 4 de junio de 2004

La Sala de Casación Social se pronuncia sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo. La Sala establece que el recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad, ya que no se evidencian violaciones de orden público ni contravenciones a la jurisprudencia reiterada de la Sala. Se argumenta que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no estaba vigente en la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy al momento de la decisión impugnada.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aún cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza son de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia de 7 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.