Sentencia N° 560 — Sala de Casación Social del TSJ, 19 de mayo de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Carburo del Caroní, C.A. contra una decisión del Juzgado Tercero Superior del Trabajo. La Sala argumentó que el auto en cuestión no resolvió puntos esenciales no controvertidos ni modificó sustancialmente la sentencia a ejecutar, lo que llevó a declarar inadmisible el recurso. La decisión se fundamenta en la potestad discrecional del Tribunal para restringir la admisibilidad de recursos que violenten normas de orden público.

La Sala observa que la decisión dictada por el Juzgado Superior, objeto del recurso de control de la legalidad, es un auto dictado en fase de ejecución de sentencia, el cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión dictada por el a quo que declaró con lugar la oposición al embargo ejecutivo, y en consecuencia declaró la nulidad y reposición de la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, se pronuncie sobre la admisión de las pruebas promovidas con motivo de la oposición del tercero, Carburo del Caroní, C.A., al embargo ejecutivo practicado. Sobre el particular, es criterio de la Sala, que a los autos dictados en etapa de ejecución, se le otorgara excepcionalmente el recurso de control de la legalidad, cuando éstos resuelvan puntos esenciales no controvertidos en juicio, ni decididos en él, o cuando provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, pues tales casos traen generalmente aparejada una violación a alguna norma de orden público o resultan contrarios a la jurisprudencia de la Sala, y por ello no pueden escapar al control de este alto Tribunal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la decisión publicada el 9 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.