Sentencia N° 542 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de junio de 2010

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 1° de junio de 2010, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Quinto Superior del Trabajo. La Sala argumentó que la sentencia recurrida se ajustaba a derecho y no resolvía puntos esenciales no controvertidos, ni modificaba de manera sustancial lo decidido anteriormente. Se expusieron consideraciones sobre la potestad de la Sala para revisar decisiones de Juzgados Superiores en materia laboral, enfatizando la importancia de preservar el debido proceso y el derecho a la defensa. La Sala también destacó que el recurso de control de la legalidad puede ser interpuesto en casos donde se aleguen violaciones a normas de orden público laboral, pero en este caso, no se encontraron fundamentos suficientes para admitir el recurso. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior de origen y se aclaró que no había condena en costas debido a la naturaleza de la decisión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora bien, respecto a la posibilidad de impugnar una sentencia dictada en fase de ejecución, a través del recurso extraordinario del control de la legalidad, -como lo es el caso que nos ocupa-, esta Sala de Casación Social en sentencia Nº 505 de fecha 30 de julio de 2003, dejó sentado lo siguiente: En este sentido, considera esta Sala que dichos autos o sentencias dictadas en un procedimiento de estabilidad laboral en la etapa de ejecución se le otorgará excepcionalmente, por aplicación extensiva del ordinal 3 del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de control de la legalidad, cuando estos resuelvan puntos esenciales no controvertidos en juicio, ni decididos en él, o que provea contra lo ejecutoriado o modifique de manera sustancial lo decidido, siempre que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios y que se traten de actos que violen o amenacen con violentar alguna norma de orden público, o resulten contrarias a la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social. Así se establece.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2010, emanada del Juzgado Quinto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.