Sentencia N° 533 — Sala de Casación Social del TSJ, 21 de abril de 2009

En esta sentencia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada en un juicio de cobro de prestaciones sociales. La Sala analiza las denuncias de infracción de normas procesales y errores de juzgamiento, concluyendo que no hubo menoscabo del derecho a la defensa de la parte accionada. Se establece que el juez de primera instancia actuó conforme a derecho al considerar que la parte demandada no mostró interés en la evacuación de la prueba de posiciones juradas, lo que llevó a declarar improcedente la denuncia presentada por la parte recurrente.

Analizada la parte pertinente del fallo recurrido, se constata que el juzgador superior consideró que hubo un manifiesto desinterés de la parte promovente en hacer valer la prueba de posiciones juradas antes de la oportunidad de dictar decisión sobre el mérito de la causa, puesto que aun cuando el 2 de noviembre de 2006, el nuevo juez de la causa se abocó al conocimiento de la misma, ordenando la notificación de las partes con la advertencia de que dictaría sentencia una vez transcurrido el lapso establecido en dicho auto, y en fecha 6 de diciembre del mismo año se dejó constancia en autos de la notificación de la demandada, ésta no compareció para insistir en la evacuación de la referida prueba, siendo que tuvo oportunidad, dado que la decisión fue proferida en fecha 31 de mayo de 2007. Pues bien, el artículo 6° de la Ley adjetiva Laboral consagra el principio general según el cual el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. En esta forma, se autoriza el impulso de oficio del proceso ya iniciado, adoptándose así la doctrina según la cual el proceso, una vez iniciado, no es asunto exclusivo de las partes. Se establece la vinculación del Juez a lo alegado y probado en autos. Sin embargo, a fin de no colocar al Juez de espaldas a la realidad, este mandato del referido precepto legal, debe necesariamente armonizarse con el contenido del artículo 5° de la citada ley, que impone a dicho funcionario judicial la obligación de tener por norte de sus actos la verdad y de inquirirla por todos los medios, con las limitaciones establecidas en la Ley y tomando en cuenta, siempre el carácter irrenunciable de los derechos acordados a los trabajadores por las leyes sociales. Ciertamente el artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala expresamente que “los jueces en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad, y están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance”, pero esta facultad no es absoluta, pues a la par de dicha función del juez debe ir también el deber fundamental del apoderado en ser diligente durante toda la secuencia del proceso, pues cualquier conducta en contrario no debe ni puede ser subsanada por los operadores de justicia.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2007, por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Procede la condenatoria en costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes (U.R.D.D.) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.