Sentencia N° 510 Casación Social TSJ 2000: Graciela Athilania Pacheco Istúriz vs Cristóbal José Jiménez Sicilia

La Sala de Casación Social del TSJ, bajo la ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta, decide sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada en un juicio de divorcio. La sentencia recurrida había declarado no tener materia sobre la cual decidir, argumentando la falta de una diligencia de apelación. Sin embargo, la Sala observa que el Tribunal de alzada había constatado la existencia de un auto que oía la apelación, lo que evidencia una infracción del derecho a la defensa de la parte demandada. Por lo tanto, la Sala declara la infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y casa de oficio el fallo recurrido.

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil a este Supremo Tribunal, de casar de oficio el fallo recurrido con base a las infracciones de orden público y constitucionales que encontrare, aún cuando no hubiesen sido denunciadas por el formalizante, o aún habiéndolo sido, no sea correcta la técnica empleada para su delación, en el caso sub-examine la Sala observa lo siguiente: La sentencia recurrida con relación al recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la sentencia del Tribunal de la causa que suspendió la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar decretada, declaró lo siguiente: “El punto ha (sic) resolver por esta Alzada lo constituiría la apelación que dice la parte demandada haber recurrido en el juicio de divorcio que sigue Graciela Athilania Pacheco Istúriz contra Cristóbal José Jiménez Sicilia. AHORA BIEN conforme a la locución latina ‘TANTUN DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM’ SÓLO SE CONOCE DE AQUELLO QUE SE APELA, esta Alzada después de una revisión de los autos, del expediente ha constatado que en los mismos no se encuentra o no se acompañó a la copia certificada del expediente la diligencia mediante la cual en fecha 03 de Febrero del 2.000 asistido por el Dr. Nelson Montoya, apela de la decisión del Tribunal de la causa de fecha 25 de Enero del 2.000, mediante la cual suspende la medida preventiva de Enajenar y gravar decretada en fecha 18 de Diciembre de 1.997. No constando en autos como en efecto no consta la apelación que la parte demandada dice haber recurrido, esta Alzada NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR.” De la trascripción precedente se observa que la recurrida hace uso de la expresión “Tantum Devolutum Cuantum Apelatum”, “SÓLO SE CONOCE DE AQUELLO QUE SE APELA” para declarar no tener materia sobre la cual decidir sobre la base de no aparecer en los autos copia de la diligencia mediante la cual apeló la parte demandada, no resolviendo en consecuencia el fondo del asunto. No obstante lo anterior, evidencia este Alto Tribunal que la misma sentencia impugnada señala en su parte narrativa la constancia por parte del Tribunal de la causa del auto que oyó la apelación en un solo efecto, en los siguientes términos: “En fecha 10 de Febrero del 2.000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia oye la apelación en un solo EFECTO y ordena a las partes señalar las copias fotostáticas respectivas y enviarlas a este Juzgado Superior.” De lo anterior se evidencia que el ad-quem incurre en la infracción del derecho a la defensa de la parte demandada en el presente juicio, al cercenarle con tal declaratoria de no tener materia sobre la cual decidir un medio de impugnación como lo fue el recurso de apelación por ella ejercido. En efecto, cuando del propio fallo se desprende que el sentenciador de alzada constató la existencia del auto emanado por parte del Tribunal de la causa por medio del cual se oyó la referida apelación en un solo efecto, mal puede declarar no tener materia sobre la cual decidir sobre la base de que no consta la diligencia por medio de la cual la parte demandada apeló.

CASA DE OFICIO el presente fallo y en consecuencia se declara nulo el fallo recurrido. Por consiguiente, se repone la causa al estado de que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia subsanando el vicio referido. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Superior de origen, es decir, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.