Sentencia N° 49 Casación Social TSJ 2000: Martha Isabel Quintero Dajer vs Gastone Pirazzo Scanferla — Conflicto de competencia en…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia entre tribunales en un caso de obligación alimentaria. El Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia se declaró incompetente, argumentando que la competencia correspondía a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente. Sin embargo, el Tribunal de Protección también se declaró incompetente, lo que llevó a la Sala a analizar la competencia en virtud de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el Código Civil. La Sala concluyó que la competencia para conocer del caso correspondía al Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil, ya que los beneficiarios de la obligación alimentaria habían alcanzado la mayoría de edad, lo que extingue la obligación alimentaria según la ley. La decisión se fundamentó en la interpretación de las normas aplicables y la necesidad de que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente no tenía competencia en este caso específico. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró competente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia para conocer del juicio, ordenando la remisión del expediente correspondiente.

El objeto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, según dispone su artículo 1, es el de garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la familia y la sociedad deben brindarles, desde el momento de su concepción. En este mismo orden de ideas el artículo 2, señala que se entiende por niño toda persona con menos de doce años de edad y por adolescente a toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad, restringiendo de esta manera su ámbito de aplicación, sólo a los supuestos previstos en ellos. Por otra parte prevé la novísima Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el artículo 383, que la obligación alimentaria se extingue por haber alcanzado el beneficiario de la misma la mayoridad, y en lo que se refiere a las excepciones, establece una extensión al limite de la edad hasta los veinticinco años, en los casos de padecimiento de deficiencias físicas o mentales que incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuen-tre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, previa aprobación judicial. Ahora bien, se evidencia de las partidas de nacimiento que corren insertas en autos que Carlo Gastone Quintero nació el catorce (14) de abril de 1977, y Elena Gastone Quintero el día dieciséis (16) de febrero de 1981, constatándose que a la fecha del pronunciamiento proferido por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción del Estado Zulia, ambos alcanzaron la mayoría de edad, por lo que, en virtud del régimen legal que establece la mencionada Ley, en aplicación de las normas en ella contenidas, y no existiendo en el expediente aprobación judicial previa exigida y prevista en el literal b) del artículo 383 eiusdem, en cuanto a la extensión del limite de edad por haber alcanzado los beneficiarios de la obligación alimentaria la mayoridad y encontrándose los mismos dentro de los supuestos previstos en la norma, el conocimiento de la presente causa escapa de los límites, alcance y competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, por lo que la competencia para resolver el caso que se examina corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se declara.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República Bolivaria-na de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: COMPETENTE para conocer del presente juicio al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al cual se ordena remitir el respectivo expediente.