Sentencia N° 488 Casación Social TSJ 2000: Antonio Guanique R., Carlos José Noguera… vs La Fundación Para la Transferencia DEL…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo. Se establece que la condena en costas a la parte demandada es inaplicable, dado que la Nación no puede ser condenada en costas según la legislación vigente. La Sala determina que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables es el responsable de cancelar las obligaciones laborales pendientes del extinto Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas.

La Sala a los fines de decidir observa: Se denuncia como infracción de Ley la falta de aplicación de los artículos 32 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Considera la Sala pertinente señalar que el recurrente, al formalizar su recurso de casación, debe tener presente cuáles son los efectos cuando una denuncia es declarada con lugar, por cuanto esto constituye la diferencia fundamental entre el recurso de casación por infracción de Ley y el recurso por vicio de actividad. En cuanto a la presente denuncia se aprecia que de resultar procedente y declarada con lugar, su efecto sería la nulidad y reposición de la causa al estado en que se restablezca el orden jurídico infringido, por menoscabo al derecho de defensa; sin embargo, la misma se encuentra enmarcada como una infracción de Ley, cuyo efecto se limitaría a que el juez de reenvío dictara una nueva sentencia ajustada y sometida a la doctrina de este Alto Tribunal, y no, en el incumplimiento de una exigencia formal que busca anular y reponer la causa. En cuanto al ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil delatado por el formalizante, considera la Sala apropiado advertir al recurrente que en la mencionada norma se prevé: “la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda”, a fin de que la parte accionada pueda oponer una cuestión previa que no es más que una limitación al derecho del actor, lo cual implica en este supuesto la alegación de un hecho y, de conformidad con el artículo 364 eiusdem, la oportunidad para interponerlo precluye con la contestación a la demanda. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que la infracción delatada está referida exclusivamente a la admisibilidad de la acción, por lo que debe ser denunciada como defecto de actividad, de conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ésta es atinente al trámite del proceso y no al fondo de la controversia.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR Y SIN REENVÍO el recurso de casación anunciado por el representante de la Procuraduría General de la República contra la sentencia de fecha 18 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil; 2) Se declara CON LUGAR la demanda interpuesta por los ciudadanos ANTONIO GUANIQUE R., CARLOS JOSÉ NOGUERA, MARÍA M. YÁNEZ C., ZAIDA F. HURTADO y GUADALUPE BRICEÑO M, contra LA FUNDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; 3) SE CONDENA al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a cancelar a los actores la cantidad establecida en la decisión de instancia, es decir, once millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos noventa y siete bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 11.164.297,23), discriminado de la siguiente manera: ANTONIO GUANIQUE R.: Bs. 2.525.114,48, CARLOS JOSÉ NOGUERA: Bs. 3.323.169,46, MARÍA M. YÁNEZ C.: Bs. 2.148.587,41, ZAIDA F. HURTADO: Bs. 2.436.719,05 y GUADALUPE BRICEÑO: Bs. 730.706,23, más la indexación correspondiente sobre las cantidades anteriores.