Sentencia N° 467 Casación Social TSJ 2000: Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario… vs Continental DEL Grano, C.A.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 16 de noviembre de 2000, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP) contra la sentencia del Juzgado Superior Tercero Agrario. La Sala consideró que el recurso era excepcionalmente admisible, pero al analizar las denuncias de infracción de ley, concluyó que no se habían demostrado las alegaciones de falta de aplicación de normas procesales. Se destacó que la discusión sobre la competencia territorial no podía ser válida tras la firmeza del decreto de intimación.

La Sala observa que toda infracción de ley resulta de una disparidad entre lo decidido por el Juzgador y una regla legal o una máxima de experiencia. En el caso de la infracción de una regla legal, la obligación del formalizante de expresar las razones que sustentan la denuncia se cumple señalando el contenido de la disposición que se considera infringida y precisando el concreto fundamento del fallo que se considera contrario a la regla legal, para luego establecer por qué dicha regla resultó infringida por error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o por haber aplicado falsamente una norma jurídica; o aplicado una norma que no esté vigente, o negado aplicación y vigencia a una que lo esté. En el caso bajo decisión no se fundamenta de manera alguna la denuncia de infracción de los artículos 264 y 256 del Código de Procedimiento Civil. Por lo que respecta al artículo 154 del mismo Código, éste fue precisamente el fundamento de lo decidido, tal como quedó transcrito en capítulo previo de este fallo, por tanto, no fue infringido por falta de aplicación como se denuncia. Por último, la denuncia de infracción del artículo 641 no está debidamente sustentada pues se limita el recurrente a expresar que es 'relativo a la competencia territorial derivado del procedimiento intimatorio que escogió el ICAP para el cobro de la deuda, disposición ésta determinante para establecer la competencia tanto del juzgador de Primera Instancia como del Juez de la recurrida', sin expresar cuál es el contenido de la regla legal y qué fue lo decidido al respecto por la Alzada.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación. Se condena al recurrente en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.