Sentencia N° 458 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de julio de 2003

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 10 de julio de 2003, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Pedro José Linares Segovia contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Trujillo, que había declarado sin lugar la solicitud de calificación de despido. La Sala revisó los argumentos del recurrente, quien alegaba violaciones a normas de orden público procesal y a la jurisprudencia reiterada de la Sala. Tras un examen exhaustivo, la Sala concluyó que no se constataba infracción o amenaza de violación de normas que informan al orden público o de la jurisprudencia reiterada. Por lo tanto, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad, fundamentando su decisión en la potestad discrecional conferida por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la naturaleza extraordinaria del recurso. Finalmente, la Sala ordenó la remisión del expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y notificó al Tribunal Superior de origen sobre esta remisión.

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Adjetiva Laboral, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente para aquellas circunstancias donde se hallan violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa. En el caso concreto, señala el recurrente en su escrito que la sentencia recurrida viola normas de orden público procesal al incurrir en ultrapetita y adicionalmente resulta contraria a la reiterada jurisprudencia de la Sala con respecto a la carga de la prueba. Luego de un examen exhaustivo, esta Sala de Casación Social no constata infracción o amenaza de violación de normas que informan al orden público o de la Jurisprudencia reiterada.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de Control de la Legalidad propuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 6 de mayo de 2003, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.