Sentencia N° 431 Casación Social TSJ 2000: JUAN MARÍA PRADO HURTADO y NORELY MANRIQUE… vs Banco Provincial, Banco Universal S.A.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de un recurso de casación interpuesto por los abogados JUAN MARÍA PRADO HURTADO y NORELY MANRIQUE CASTILLO, en relación con el cobro de honorarios profesionales de abogado. El Juzgado Superior Primero Agrario había declarado con lugar el derecho a cobrar los honorarios, pero con limitaciones en cuanto al monto. La Sala observó que la cuantía de la demanda principal no excedía el límite necesario para permitir el acceso a la casación en materia agraria, lo que llevó a la decisión de inadmisibilidad del recurso.

Fue doctrina reiterada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por esta Sala Social del Tribunal Supremo, que las cuestiones accesorias se rigen en materia de la cuantía por la suerte de lo principal, de manera que si en esto no hay posibilidad de acceso a la casación, tampoco la habrá para la cuestión accesoria o incidental. Típica cuestión accesoria de una causa principal, por otra parte, es la relacionada con el cobro de honorarios profesionales de abogado a la parte condenada en costas y por concepto de las mismas. Revisadas la recurrida y las actas del expediente, se observa que la demanda principal, de cuya declaratoria sin lugar se derivan las costas y dentro de ellas los honorarios intimados objeto de estas actuaciones, se contrajo al cobro de la cantidad de un millón seiscientos noventa un mil quinientos cuarenta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 1.691.546,34), correspondientes al capital e intereses demandados, de modo que se trató de una causa cuya cuantía no excede el monto de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), necesaria para permitir el acceso a la casación en materia agraria, no obstante lo cual, el Superior admitió el recurso bajo la consideración de que el monto de lo estimado e intimado alcanzó a la suma de cuatro millones trescientos mil bolívares (Bs. 4.300.000,00). En su escrito de estimación de honorarios, los abogados señalan que la demanda principal tuvo por objeto el cobro de ocho cientos noventa y un mil bolívares de (Bs. 891.000,00), por concepto de capital y de ochocientos mil quinientos cuarenta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 800.546,34) por concepto de intereses moratorios vencidos, pero que a ello se debe añadir la cantidad de trece millones ciento sesenta y cuatro mil ochenta bolívares con seis céntimos (Bs. 13.164.080,06) correspondiente a intereses moratorios que se habrían seguido venciendo luego de la introducción de la demanda y hasta la fecha de quedar firme la sentencia del juicio, intereses que también fueron demandados por el Banco actor y perdidoso con condenatoria en costas; lo cual, a su juicio, les permite elevar válidamente su estimación al monto en que lo hacen, que sí sobrepasa el límite de cuantía arriba mencionado. Ahora bien, el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil establece que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y el artículo 31 eiusdem, dispone que para determinar el valor de la demanda se sumaran (al capital) los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a su presentación. Conforme a esas normas, pues, el valor de la demanda en el caso concreto, quedó fijado al momento de la presentación de la misma y con la sola inclusión -no habiéndose reclamado otros daños y perjuicios- del capital demandado, ochocientos noventa y un mil bolívares (Bs. 891.000,00), y de los intereses vencidos a esa fecha, ochocientos mil quinientos cuarenta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 800.546,34), de donde resulta evidente que la cuantía respectiva, determinada por la sumatoria de ambas cifras, no es suficiente para llenar en el punto los requisitos de admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, este Supremo Tribunal de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el presente recurso de casación. Publíquese, regístrese. Remítase directamente este expediente al Tribunal de la causa, o sea, al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado; todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.