Sentencia N° 426 — Sala de Casación Social del TSJ, 26 de abril de 2016

La Sala de Casación Social se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una sentencia que declaró con lugar la apelación y la demanda en un juicio de cobro de prestaciones sociales. La Sala argumentó que la decisión recurrida no incurrió en violaciones de normas de orden público, y que la existencia de una relación laboral prestada por una madre colaboradora en el Programa de Alimentación Escolar no estaba excluida del ámbito laboral según la ley vigente.

Esta Sala de Casación Social en decisión N° 692 de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia publicada el 10 de noviembre de 2015, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.