Sentencia N° 424 Casación Social TSJ 2000: Isabel Teresa Quintana de Vásquez vs María Oliva González de Mora, Carmen Celina…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de la ciudadana Isabel Teresa Quintana de Vásquez, quien demandó a varios ciudadanos por inquisición de paternidad, revisó un recurso de casación interpuesto tras la decisión del Juzgado Superior Primero que levantó medidas preventivas. La Sala determinó que el apoderado actor cumplía con los requisitos legales para actuar en el recurso y que las violaciones de normas de procedimiento podían dar lugar a un recurso por infracción de ley, siempre que se refirieran a la resolución de la controversia. En su decisión, la Sala concluyó que la parte demandante no demostró válidamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para la medida cautelar, lo que llevó a desestimar la prueba presentada en copia simple. La Sala reafirmó que la carga de la prueba recae sobre quien solicita la medida y que las copias de documentos deben ser presentadas en los plazos establecidos para tener valor probatorio. Finalmente, la Sala declaró sin lugar el recurso de casación, condenando al recurrente en costas, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de origen, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

La Secretaría de la Sala hizo constar que el apoderado formalizante acreditó ante la Sala de Casación Civil el cumplimiento de los requisitos del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, quedando inscrito bajo el Nº 219 de San Cristóbal, en fecha 25 de octubre de 1996. Por otra parte, la violación de normas de procedimiento pueden dar lugar al recurso por infracción de ley, siempre que el error denunciado se refiera a la resolución de la controversia y no al orden del proceso. En el caso la denuncia se refiere al establecimiento y apreciación de los hechos realizada por la instancia, cuestión que incide en el fondo de la incidencia de medidas preventivas, por lo cual se pasa a decidir al respecto. Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4º del Código Civil, se denuncia infracción del artículo 12, 429 y 585 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación. La denuncia se refiere a la siguiente declaratoria de la recurrida: “Esta alzada, a los fines de valorar dicha probanza, acoge el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha dos de febrero del dos mil, en la cual se estableció que las pruebas instrumentales pueden presentarse en copias simples si provienen de documento auténtico, siempre y cuando en el curso del proceso se consignen los documentos originales, o en copia certificada; así mismo, 'que ninguna medida cautelar, cuando los hechos se verifican con documentos, puede decretarse fundada en documentos que carecen de autenticidad.' Conforme al criterio vertido en el presente fallo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta alzada desestima la copia simple valorada en primera instancia como prueba que sirvió de fundamento a la medida cautelar decretada por ser copia simple de un documento privado de fecha cierta, cuya autenticidad no fue demostrada en el lapso probatorio del proceso cautelar, no obstante que la actora tenía esa carga procesal. Por consiguiente, no es errada la interpretación que hace la Alzada, en cuanto a la carga que tiene el solicitante de demostrar la existencia de los extremos legales para que sea acordada la tutela provisional. En cuanto a la posibilidad de presentar los instrumentos en copia simple, la disposición transcrita se refiere los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. En cuanto a los instrumentos privados, la norma no prevé expresamente el caso de las declaraciones presentadas ante la administración por lo cual habrá que determinar si por interpretación a contrario, no pueden ser presentados en copia simple, o si puede extenderse el supuesto de la norma a tales declaraciones.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación. Se condena al recurrente en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.