Sentencia N° 389 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de octubre de 2026

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, admite el recurso de control de la legalidad interpuesto por el representante judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2026. La Sala considera que el recurso es procedente, dado que se alega la violación de normas de orden público y principios jurisprudenciales en la decisión apelada. Se destaca que el control de la legalidad es un medio recursivo excepcional que permite impugnar decisiones que, aunque no sean recurribles en casación, puedan afectar gravemente el orden público.

Conforme se desprende de la norma contenida en la disposición legal supra transcrita, el control de la legalidad se erige como el medio recursivo a través del cual las partes pueden impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que, no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar gravemente normas de orden público. Se trata, en definitiva, de ejercer, a instancia de parte, el control de la legalidad y justicia de dichos fallos, en aras de restablecer el mandato jurídico sustantivo o adjetivo del trabajo infringido, por lo que de verificarse que el fallo impugnado incurre en la violación o amenaza denunciada le corresponderá a este órgano jurisdiccional, anularlo y resolver el fondo del asunto, garantizando de este modo una justicia laboral accesible, breve, sencilla, transparente, oral, inmediata, sin formalismos ni reposiciones inútiles, conforme a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el representante judicial de la parte demandada, sociedades mercantiles BÁLTICO CONSULTORES, SUMINDU S.A., INVERSIONES BÁLTICO, C.A. y solidariamente el ciudadano GUSTAVO JOSÉ ROMERO BLOHM, contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2026, por el Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.