Sentencia N° 384 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de mayo de 2013

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad mercantil Farmatodo, C.A. contra la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo de Nueva Esparta, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos de un acto administrativo. La apelante argumentó la existencia de vicios en el acto administrativo que certificó una enfermedad ocupacional de una trabajadora, alegando la falta de procedimiento previo y la incompetencia del funcionario que emitió la certificación. La Sala concluyó que no se demostraron los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada, ya que no se evidenció un perjuicio real y procesal para la recurrente. Por lo tanto, se declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la decisión del juzgado inferior.

El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece el poder cautelar del juez contencioso administrativo a fin de asegurar las resultas del juicio, en caso que el solicitante de la medida cautelar logre demostrar los extremos exigidos; en este sentido, la citada disposición establece: Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante. Asimismo, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en virtud de la remisión prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone: Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. La norma citada establece dos requisitos esenciales para la procedencia de una medida cautelar, a saber, el fumus boni iuris y el periculum in mora, esto es, la presunción del derecho que se reclama y el peligro que quede ilusoria la ejecución del fallo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil Farmatodo, C.A., contra la decisión emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en fecha 10 de julio de 2012; en consecuencia, 2) CONFIRMA la sentencia apelada.