Sentencia N° 375 Casación Social TSJ 2000: Pedro Jeremías Cordero González vs Luis Alipio Márquez Vásquez

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, aborda un recurso de casación interpuesto por el demandado, quien cuestiona la aplicación del artículo 1.167 del Código Civil en relación con un contrato de compra-venta. El Tribunal concluye que el demandado incumplió con una de las obligaciones principales del contrato, que era pagar al Banco de Venezuela, lo que justifica la resolución del contrato por parte del demandante. La Sala determina que la denuncia de infracción de ley es improcedente y declara sin lugar el recurso de casación, condenando al recurrente en costas.

Para decidir, la Sala observa: Para una mejor comprensión de la cuestión, se transcribe a continuación lo decidido por la Alzada, que además de lo referido por el formalizante, continúa con otras consideraciones: 'Por otra parte, si bien es cierto que el pago total y válido extingue las obligaciones, en la presente causa, aun cuando el demandante dice haber recibido la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 44.000.000,oo) como precio de la venta, no es menos cierto que en el contrato objeto de ejecución, el demandado se obligó además a cancelarle al acreedor hipotecario, es decir al BANCO DE VENEZUELA la obligación garantizada con hipoteca sobre los bienes vendidos, por medio de la subrogación, obligación de pago ésta que fue incumplida por el accionado, viéndose obligado el demandante a cumplir la misma para evitar que fuera ejecutado.' Se evidencia que el demandado LUIS ALIPIO MÁRQUEZ VÁSQUEZ, cumplió en parte con el contrato objeto de resolución, pues únicamente pagó el precio de la venta, más no dio cumplimiento a la obligación asumida de pagar al BANCO DE VENEZUELA la obligación garantizada con hipoteca, incumpliendo en forma parcial con sus obligaciones. Al formalizarse la operación de compra-venta mediante el otorgamiento del documento objeto de resolución, el demandante perseguía que el demandado pagará al Banco de Venezuela, su obligación garantizada con hipoteca, para de esta manera ver liberados sus bienes de la hipoteca que los gravaba, y por estas razones, a juicio de esta Superioridad, estuvo ajustado a derecho el Tribunal A quo cuando declaró con lugar la demanda de Resolución de Contrato motivado al incumplimiento grave por parte del demandado, ya que el actor estuvo en inminente peligro de que fueran ejecutados sus bienes.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación. Se condena al recurrente en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.