Sentencia N° 347 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de mayo de 2003

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 15 de mayo de 2003, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Willy Alfonso Giménez Marchán contra la decisión del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. La Sala determinó que no existía infracción o amenaza de violación de normas que informan al orden público procesal o de la jurisprudencia reiterada. La Sala fundamentó su decisión en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que le otorga la potestad de revisar decisiones de Juzgados Superiores del Trabajo que, aunque no sean recurribles en casación, violen normas de orden público. Se destacó que la admisibilidad del recurso debe limitarse a situaciones que alteren la legalidad de la decisión o proceso. Finalmente, se declaró inadmisible el recurso, ordenando la remisión del expediente al Tribunal de la Causa, que es el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

De conformidad con lo establecido en el vigente artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía del control de la legalidad aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que aun cuando no sean recurribles en casación, violen o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la decisión sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala. En decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, esta Sala de Casación Social estableció que la admisibilidad de este excepcional recurso debe limitarse a “situaciones cuya violación o amenaza son de tal entidad, que resulta alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a consideración. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa. Tal delimitación justifica, el que adicionalmente sean revisables por el recurso de control de la legalidad, aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, habida cuenta, se procura preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral. Finalmente, será la dinámica de cada caso en concreto, la cual permitirá proyectar los escenarios fácticos que demarcarán la admisión del recurso de control de la legalidad. Así se establece.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de Control de la Legalidad, propuesto por la parte demandante contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2003, dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la Causa, o sea, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Particípese de esta remisión al Tribunal Superior de origen ya identificado.