Sentencia N° 339 Casación Social TSJ 2001: NATIONAL CHEMSEARCH S.A. e INVERSIONES… vs Elvira Ferreira de Estévez

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por las sociedades mercantiles NATIONAL CHEMSEARCH S.A. e INVERSIONES ESACHEM S.A. contra una sentencia que declaró inadmisible su demanda de invalidación. La Sala consideró que la sentencia recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, al no permitir la invalidación de una decisión firme obtenida en forma ilegal. La Sala declaró con lugar el recurso de casación y ordenó al Tribunal de Primera Instancia que emplace a la parte demandada.

El artículo 327 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Siempre que concurra alguna de las causas que se numeran en el artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra las sentencias ejecutorias, o cualquier otro acto que tenga la fuerza de tal.” Consagra el prenombrado artículo el recurso extraordinario de invalidación contra las sentencias ejecutorias o cualquier otro acto que tenga la fuerza de tal, es decir, que hayan quedado firmes, siempre que hubiere lugar a ello. En el caso de autos el Tribunal Superior examinó la demanda y advirtió que durante la fase de ejecución del juicio por cobro de prestaciones sociales incoado por la ciudadana Elvira Ferreira de Estévez, contra la sociedad mercantil National Chemsearch S.A., las partes suscribieron una transacción para suspender la ejecución de la sentencia y fijar la forma de cumplimiento de la condena, lo cual fue homologado por el Tribunal y en ese acto la ejecutada manifestó: “...que en virtud de los acuerdos expresados en esta transacción, renuncia en este mismo acto y a partir de este mismo momento a ejercer cualquier clase de acciones que estimare a los fines de invalidar e incumplir el presente acuerdo...” y, como consecuencia de ello el a quo declaró inadmisible la demanda in limine litis. Ahora bien, el recurrente aduce la falta de aplicación del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, porque considera que tiene el derecho a solicitar la invalidación de una decisión definitivamente firme obtenida en forma ilegal y estima esta Sala que ello es así, porque este recurso es precisamente un supuesto de excepción para atacar la cosa juzgada obtenida contra legem, si hubiere lugar a ello y constituye un error que el Tribunal de la causa considere que una transacción en fase de ejecución, puede impedir que la parte que se considere afectada por una decisión o auto de composición procesal supuestamente ilegal, ejerza todos los medios y recursos que la Constitución y la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos y lograr la invalidación del acto, pues este tipo de transacción sólo versa sobre el cumplimiento de la sentencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 525 del mismo Código, y en ella el ejecutado únicamente renunció al ejercicio de las acciones judiciales contra el acuerdo, es decir, contra la transacción, no contra la sentencia, y la invalidación es precisamente uno de los medios excepcionales consagrados en el ordenamiento jurídico, para combatir la cosa juzgada obtenida ilegalmente y la renuncia a un derecho, acción o recurso debe ser expresa no tácita y no puede hacerse una interpretación extensiva de la misma, para considerar que la parte no puede recurrir en invalidación contra el fallo ilegal, razón por la cual la Sala considera que el sentenciador incurrió en falta de aplicación del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CON LUGAR el recurso de casación presentado; 2º CASA SIN REENVÍO la sentencia dictada el 18 de junio de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; y, 3º ADMITE la demanda y se ordena al Tribunal de Primera Instancia que emplace a la parte demandada en la forma establecida en la Ley.