Sentencia N° 332 — Sala de Casación Social del TSJ, 16 de diciembre de 2022

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de un recurso de casación interpuesto, decidió anular la sentencia dictada el 17 de enero de 2022 por el Juzgado Superior Agrario de Mérida, así como la decisión del 1° de septiembre de 2021 del Tribunal de Primera Instancia Agraria que había declarado con lugar la demanda de restitución de un inmueble. La Sala determinó que se habían violado los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte demandada, al no ser notificada adecuadamente sobre la audiencia de pruebas.

El recurso de casación como medio extraordinario de impugnación, exige que el recurrente fundamente su escrito en alguno de los motivos de casación y mencione las normas presuntamente infringidas, estableciendo una relación entre los hechos y el precepto jurídico alegado de forma concreta, caso contrario, se estaría desvirtuando la naturaleza del recurso, en virtud de que esta Sala sólo puede revisar los agravios expresamente indicados por las partes y, excepcionalmente, casar el fallo recurrido por infracciones no denunciadas. En este sentido, en materia agraria por mandato del artículo 242 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se permite la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en todo lo no contemplado en la mencionada Ley; conforme a ello, la llamada casación de oficio encuentra regulación en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, analizado por la Sala Constitucional, en sentencia Nro. 362, del 11 de mayo de 2018 (caso: sociedad mercantil Marshall y Asociados C.A., contra la sociedad de comercio Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A.) disponiendo que “La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia deberá hacer pronunciamiento expreso en su sentencia, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado.” Bajo esa premisa, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha definido lo que debe entenderse por la casación de oficio, dejando sentado el carácter excepcional de su aplicación, al determinar que “no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial” (Vid. Sentencia Nro. 116 de fecha 29 de enero de 2002, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez). Así pues, conforme a los postulados consagrados en los artículos 257 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de lograr una recta y sana administración de justicia y, de acuerdo con lo dispuesto en el criterio sentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia Nro. 1.353, de fecha 13 de agosto de 2008 (caso: Corporacion Acros, C.A.), se determinó que la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, toda vez que “asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”. Por su parte, la Sala de Casación Social en sentencia Nro. 1.666 del 30 de julio de 2007 (caso: Luis Fernando Marín Betancourd contra Internacional Logging Servicios, S.A.), al revisar la posibilidad de casar de oficio un fallo, consideró oportuno referirse al concepto de orden público, y al efecto sostuvo: En relación a la noción de orden público, es necesario esbozar algunas consideraciones previas, partiendo para ello del criterio sostenido a este respecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Nro. 877 del 05/05/2006, así: El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras. Para esta Sala de Casación Social la noción de orden público está recogida, entre otras, en decisión Nro. 22 del 11/07/2002, la cual acogiendo la sentencia de fecha 22 de mayo del 2001, de la Sala de Casación Civil dejó indicado que “representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada.

Casa de oficio la sentencia dictada el 17 de enero de 2022, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; Anula la aludida sentencia; Repon la causa al estado en que el Juzgado de Primera Instancia Agrario competente fije por auto expreso, el día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, previa notificación de las partes.