Sentencia N° 322 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de mayo de 2003

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por el abogado Rafael Antonio Ortega Brandt, en representación de la parte demandada, contra una sentencia del Juzgado Superior Sexto del Trabajo. La decisión de alzada había declarado con lugar la apelación interpuesta por el demandante, Alberto José de Macedo Penelas, en un juicio por calificación de despido.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado pacífica y reiteradamente sobre los presupuestos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, establecidos en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003, que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales; 2.- Que no sean impugnables en casación; 3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público; y 4.- Que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar: 1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y 2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por el abogado Rafael Antonio Ortega Brandt, contra la sentencia de fecha 17 de diciembre del año 2002, emanada del Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, participándole dicha decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado.