Sentencia N° 321 Casación Social TSJ 2001: Giovanni Desiderio Santanello vs Giovanni Gava Presotto — Acción reivindicatoria

La Sala de Casación Social, presidida por el Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por Giovanni Desiderio Santanello contra la decisión del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de Monagas, que había declarado sin lugar su demanda de reivindicación. La Sala concluyó que el recurso era improcedente, ya que el demandante no logró probar la identidad del inmueble objeto de la reivindicación, lo que es un requisito esencial para el éxito de su pretensión. Además, se determinó que el demandado había ejercido posesión legítima del inmueble por más de veinte años, lo que refuerza su derecho sobre el mismo.

La Sala, para decidir observa: Tal y como se desprende del alegato presentado por el querellado en su escrito de impugnación, el mismo pretende desconocer el anuncio del presente recurso de casación y como consecuencia directa la no formalización del mismo, pues según su criterio, el querellante realizó una revocatoria tácita de poder al otorgar un nuevo poder al ciudadano Juan Vicente Ardila, dejando sin efecto según su criterio, el poder apud acta otorgado con anterioridad a los ciudadanos Errico Desiderio Scala y Rafael Narváez Tenías. En tal sentido, la Sala una vez realizado el detenido análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente, constata que efectivamente en los folios 15 y 16 corre inserta diligencia de fecha 28 de mayo de 1993, mediante la cual el ciudadano Giovanni Desiderio Santanello, el querellante, otorga poder apud acta a los ciudadanos Errico Desiderio Scala y Rafael Narváez Tenías, apoderados éstos que de manera regular y permanente han actuado en favor de su representado con base al mandato otorgado. Así mismo, la Sala verifica, como bien lo señala el impugnante, que al folio 182, corre inserto otro poder, siendo éste otorgado por ante la Notaría Pública Segunda de Maturín, de fecha 12 de junio de 1997, mediante el cual el querellante, Giovanni Desiderio Santanello, otorga al ciudadano Juan Vicente Ardila poder de representación. Ahora bien, en materia de revocatoria de poderes el artículo 1.708 del Código Civil en su contenido expresa: “Artículo 1.708 del Código Civil: El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación de lo anterior, desde el día en que se hace saber el nuevo nombramiento”. Por su parte el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, respecto al mismo punto indica: “Artículo 165 del Código de Procedimiento Civil: La representación de los apoderados y sustitutos cesa: 5° Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo contrario.” Tal y como se desprende del contenido de la norma tanto sustantiva como adjetiva parcialmente transcrita, podemos entender que con apego a su estricto contenido literal las mismas establecen que el mandato se entenderá revocado con el nombramiento de un nuevo mandatario y por otra parte, como así lo indica el Código de Procedimiento Civil, con la presentación de otro apoderado para un mismo juicio siempre y cuando se haga constar lo contrario. Pero cabría preguntarse ¿la sola presentación de un nuevo representante, en cuyo documento poder donde se haya extendido el mandato, no se manifieste nada sobre la revocatoria del mandato anterior, es motivo suficiente para que el primero cese?, para dar respuesta a la presente interrogante la Sala hace referencia a lo establecido por los tratadistas patrios entre los cuales encontramos a Ricardo Henríquez La Roche, quien en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo I, Caracas, 1995, p. 457 establece: “Esta doctrina aporta ductibilidad al proceso y es garantía de lealtad, pues, si bien es cierto que el representado tiene la opción de apropiarse de los resultados procesales si le son favorables o desecharlos si le son adversos, no es menos cierto que la contraparte tiene la carga de denunciar, en la primera oportunidad, o cuando así lo indique la ley (3º cuestión previa), la ineficacia o insuficiencia del poder. Es también una carga procesal, o al menos un interés, para la contraparte, desembarazar el proceso de causales de nulidad por indefensión que se prolonguen indefinidamente por falta de una convalidación tácita, si el derecho de defensa ha quedado conculcado y el indefenso no lo denuncia, la contraparte debe asumir los riesgos de esta irregularidad procesal; el origen del perjuicio ciertamente sufrido deja de ser la indefensión y queda sustituido por una razón subjetiva: la omisión del litigante”. (Negrillas de la Sala)

En virtud de todos los argumentos aquí ampliamente expuestos, esta Sala de Casación Social del Tribunal de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso de casación intentado por el Abogado Juan Vicente Ardila, actuando en representación del ciudadano GIOVANNI DESIDERIO SANTANELLO, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental. De conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte recurrente. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Particípese de esta remisión al Tribunal Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.