Sentencia N° 29 — Sala de Casación Social del TSJ, 31 de enero de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia el 31 de enero de 2007, en el juicio de cobro de prestaciones sociales seguido por Luis Rafael Aponte Aponte contra la Universidad Santa María. El Juzgado Cuarto Superior del Trabajo había declarado sin lugar la apelación y la demanda, lo que llevó a la parte actora a anunciar un recurso de casación. Sin embargo, la Sala consideró que el recurso había perecido debido a que la formalización no se presentó dentro del lapso establecido por la ley.

Dispone el artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que será declarado perecido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este artículo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos. Además el mismo artículo 171 eiusdem, establece que admitido el recurso de casación comenzará a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los cinco (5) días que se dan para efectuar el anuncio, un lapso de veinte (20) días consecutivos, dentro del cual la parte o las partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, directamente ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de autos, la parte actora anunció su recurso de casación oportunamente el 19 de octubre de 2006, y la formalización el día 28 de noviembre del mismo año, siendo que el lapso de veinte (20) días para la formalización del recurso de casación venció el 20 de noviembre de 2006, esta Sala, en aplicación de los artículos antes indicados, considera perecido el recurso interpuesto.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PERECIDO el recurso de casación presentado contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 2006, por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.