Sentencia N° 286 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de marzo de 2009

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Andrés Eloy Blanco contra decisiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. La Sala determinó que el recurso era inadmisible, ya que la decisión impugnada no provenía de un Juzgado Superior del Trabajo, lo que contraviene lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Además, se destacó que el control de la legalidad no es aplicable a sentencias que resuelven acciones de amparo constitucional.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Ahora bien, en el caso bajo estudio se aprecia que el recurso de control de la legalidad fue ejercido contra una sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (Corte Accidental “A”), que conociendo en segunda instancia, confirmó la inadmisibilidad de la acción de amparo incoada. En consecuencia, al no haber emanado la decisión impugnada de un Juzgado Superior del Trabajo, el recurso ejercido resulta inadmisible. Si bien lo indicado en el párrafo anterior es suficiente para declarar la inadmisibilidad del control de la legalidad interpuesto, cabe destacar además que, si bien la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no señala expresamente qué tipo de sentencias son recurribles mediante el control de la legalidad, ello ha sido delineado por la jurisprudencia de esta Sala; en este orden de ideas, con relación a aquellos casos en que el recurso in commento sea intentado contra las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, se ha sostenido lo siguiente: (…) aún cuando a través del recurso del control de la legalidad se abre la posibilidad de denunciar, la violación o la amenaza de violación de normas de orden público, necesariamente debe entenderse que las mismas están referidas a normas de orden público legal y no constitucional, ello en razón a que la ley prevé expresamente los recursos ejercibles y el control de la constitucionalidad de las sentencias dictadas en los procedimientos especiales de acción de amparo constitucional.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, contra la decisión dictada el 9 de julio de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (Corte Accidental “A”). No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.