Sentencia N° 258 Casación Social TSJ 2000: José Gregorio Briceño Briceño vs Emilio de Jesús Briceño Briceño

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de los principios constitucionales, decide sobre un recurso de casación interpuesto por José Gregorio Briceño Briceño, quien fue despojado de una parcela de terreno por su hermano Emilio de Jesús Briceño Briceño. La sentencia de alzada había declarado sin lugar la demanda, lo que motivó el recurso. La Sala concluye que la decisión del tribunal inferior incurrió en vicios de inmotivación por silencio de prueba, al no analizar adecuadamente las pruebas testimoniales presentadas por el recurrente.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 335 establece que este Tribunal Supremo de Justicia, es el órgano encargado de garantizar la efectividad de las normas y principios constitucionales y ser vigilante de su uniforme interpretación y aplicación. Luego a lo largo del texto, enuncia ciertos principios, de relevante importancia, entre los cuales podemos mencionar: Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. A partir de estos principios enunciados en la actual Constitución, toma vigencia la discusión sobre el fin o la finalidad del proceso. Al respecto, Enrique Véscovi, en La Teoría General del Proceso, dice: “Las doctrinas que pretenden explicar el fin del proceso oscilan entre cuestiones diferentes: saber si se trata de resolver un conflicto material (sociológico) o de actuar el derecho (jurídico); si se persigue un fin individual, solucionar un conflicto subjetivo, o un fin público, la actuación de la ley, del derecho y, en último término, los fines de este: paz, justicia. (...) En realidad, la mayoría de las doctrinas, frente a este problema, se inclinan por la posición mixta. Es decir, que no consideran al proceso como la solución de un conflicto plenamente social, ni tampoco sólo jurídico. O sea que admiten, como es lógico, que lo que en su origen aparece como un conflicto social, cuando es abarcado por el derecho se convierte en jurídico y se resuelve como tal mediante la “actuación de la ley”. (...) En conclusión (…) parece lo más aceptable entender que la función del proceso es jurídica, aunque se origina en un proceso social.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el ciudadano José Gregorio Briceño Briceño, asistido por el abogado Simón Araque, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo Agrario del Estado Trujillo en fecha 01 de junio de 1999. En consecuencia, se declara la nulidad del fallo recurrido y se REPONE la causa al estado de que el Juez Superior que deba conocer en reenvío dicte nueva decisión aplicando la doctrina establecida en el presente fallo.