Sentencia N° 256 — Sala de Casación Social del TSJ, 14 de abril de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia del Juzgado Superior que había confirmado la decisión de primera instancia. Se argumenta que la competencia para conocer del caso corresponde a los Tribunales Mercantiles, dado que la reclamación proviene de la actividad de la actora como agente de seguros. La Sala observa que, aunque el recurso no se formuló conforme a los requisitos del Código de Procedimiento Civil, decidirá en virtud de las normas constitucionales.

Conforme tiene decidido la doctrina de la Sala en forma reiterada, ratificada entre otros en fallos N° 1447 de fecha 23-11-04 y N° 725 de fecha 09-07-04, en la actividad efectiva de los productores de seguros pueden darse las condiciones y características de una relación laboral, siempre que se encuentren presentes los supuestos del denominado test de dependencia, a lo cual no es óbice la disposición de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros que establece que no podrán actuar como productores de seguros los empleados de las instituciones respectivas. Por lo demás, nunca se trataría en el caso de una cuestión de competencia, pues lo que se demanda son conceptos derivados de una alegada relación de trabajo dependiente y subordinado, ciertamente sometidos a la jurisdicción laboral, y a lo que daría lugar la conclusión de que la relación del caso no tiene en realidad esa naturaleza, sería a la declaratoria sin lugar de la demanda. Así se decide.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación presentado contra la sentencia definitiva dictada el 22 de julio de 2003, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción del Estado Bolívar. Se condena a la recurrente en las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.