Sentencia N° 25 — Sala de Casación Social del TSJ, 29 de enero de 2008

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por el demandante AMÉRICO CASTILLO PIRELA contra una decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Estado Zulia. La decisión recurrida había declarado con lugar un recurso de apelación y levantado una medida de embargo, lo que motivó la impugnación del demandante. La Sala analizó la admisibilidad del recurso, considerando los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este sentido, se verifica que la sentencia contra la cual se recurre fue dictada con posteridad a la sentencia definitivamente firme, es decir, en etapa de ejecución de sentencia, en el conocimiento de la apelación que realizare la empresa ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCCIÓN COMPANY, S.A., (tercero opositor a medida de embargo), contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En este orden de ideas, se tiene que las denuncias de la parte demandante recurrente, giran en torno a que el Juez perdió de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas, ya que al ordenar el Juez que la ejecución se realice sólo contra el Consorcio demandado, a sabiendas de que el mismo no existe; dejó desprotegido a un trabajador e hizo ilusorio el cobro de sus derechos laborales que ha venido reclamando por más de cinco años, y que habían sido reconocidos y condenados en las dos instancias que siguió el proceso laboral del actor, siendo el Juez Superior el mismo Juez que decide la oposición en apelación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra el fallo emitido por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 28 de septiembre de 2007. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.