Sentencia N° 2446 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de diciembre de 2007

La Sala de Casación Social se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. La parte recurrente alegó indefensión debido a la imposibilidad de asistir a la audiencia de apelación, argumentando que su abogado fue retenido por la policía. Sin embargo, la Sala determinó que la decisión impugnada se ajustaba a derecho y no se evidenció violación de normas de orden público.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o resulten contrarias a la reiterada doctrina de esta Sala; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa: En el caso concreto, expone la impugnante que el día fijado para la celebración de la audiencia de apelación, el abogado Juan Carlos Blanco Peña, apoderado judicial de la empresa, se dirigía a la sede del Juzgado Superior a fin de asistir a dicho acto, cuando, “a las 9:45 a.m. fue retenido por la Policía Municipal de (sic) Municipio Caroní (…) debido a que el vehículo no portaba la matrícula delantera (…), pero sin embargo, al identificarse los datos por el sistema de información policial (SIPOL) se pudo constatar que la referida matrícula se encontraba solicitada (…)”. Según sostiene, la situación planteada impidió que “el único apoderado (…) en la zona de Guayana que estaba encargado y disponible para representar a CANTV en la audiencia de apelación del presente caso”, pudiese asistir a la misma. A continuación, señala la demandada recurrente que el sentenciador de la recurrida le causó indefensión al ratificar la decisión de primera instancia, pues no valoró los argumentos de hecho y de derecho que ésta explanó en el juicio, ni los elementos probatorios que constan en autos, tal como lo exige el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y adicionalmente incurrió en una infracción de forma prevista en el artículo 160, numeral 1 de la referida Ley, en concordancia con el artículo 159 eiusdem, por no haber cumplido con el necesario requisito de la motivación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto la parte accionada, contra la sentencia de fecha 21 de mayo de 2007, emanada del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.