Sentencia N° 2277 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de diciembre de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un juicio de cobro de prestaciones sociales. La parte demandada interpuso un recurso de control de la legalidad y un recurso de casación, pero este último no fue formalizado. La Sala declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad y consideró perecido el recurso de casación debido a la falta de formalización dentro del plazo establecido por la ley. La decisión se fundamenta en la normativa laboral vigente.

Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. En el caso estudiado, la demanda fue estimada en la cantidad de siete millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro bolívares con cuarenta y dos céntimos (Bs. 7.683.674,42) y se refiere a una sentencia definitiva en un juicio laboral cuya cuantía excede la cantidad de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), que es la cuantía mínima requerida para la admisibilidad del recurso de casación en los juicios laborales, en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.029 de 22 de enero de 1996, vigente en noviembre de 1994, fecha de presentación del libelo, por lo que la sentencia es recurrible en casación, y en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada. Así se decide.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia dictada el 22 de mayo de 2006, por Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y, 2º PERECIDO el recurso de casación interpuesto contra la sentencia referida. No se condena en costas al recurrente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público y en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.