Sentencia N° 2220 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de noviembre de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Alerma Jesús Garcés Ordóñez contra la decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Estado Zulia. El demandante alegó violaciones a varios artículos de la Constitución y leyes laborales, argumentando que el juez no cumplió con la obligación de notificar a la Procuraduría General de la República, lo que afectó su derecho a la defensa. Sin embargo, la Sala concluyó que la decisión impugnada se ajustaba a derecho y no se evidenció violación de normas de orden público.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa: En el presente caso, denuncia el demandante recurrente la violación de los artículos 26, 49, 89, numeral 3, 93, 254, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 5, 6, 8, 9 y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; 5 y 59 de la Ley Orgánica del Trabajo; y 94 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y de esta Sala de Casación Social. En este sentido, señala que el juzgador ad quem confirmó la perención de la instancia, pese a que el actor “realizó en tiempo oportuno todas las actuaciones necesarias y a su alcance para impulsar la presente causa”. Agrega el impugnante que al admitirse la demanda se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, lo que fue ratificado en auto del 18 de diciembre de 2003, y constituye una obligación que el juez debe cumplir de oficio, conteste con lo afirmado por esta Sala en sentencias N 27 y 131 de fechas 5 de febrero de 2002 y 15 de marzo de 2005, respectivamente, y por la Sala Constitucional, en decisión N° 2769 del 3 de diciembre de 2004. Asimismo, destaca que “no puede correr la perención contra aquel que se encuentra en la imposibilidad de obrar, a consecuencia de cualquier impedimento (…), como ocurre en la presente causa, la cual se encontraba suspendida por orden del juez, según el auto de abocamiento”. Adicionalmente, señala el recurrente que en virtud del principio de gratuidad de la justicia, no se puede “transferir a las partes la carga económica de una obligación legal para el Juez, como lo es la notificación del (sic) Procuraduría General de la República”. Sostiene el impugnante que en materia de perención, la interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo, y refiere que en sentencia del 15 de marzo de 2005, esta Sala consideró que la solicitud del expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos o en el archivo del Tribunal, “legítima (sic) el interés del demandante en preservar la acción”. En este orden de ideas, delata que el sentenciador de la recurrida no hizo la interpretación más favorable al trabajador, con lo cual desaplicó los artículos 5 y 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 89, numeral 3 de la Carta Magna, por cuanto “hubo abundante actuación por parte del órgano judicial, como conductas que denotan el interés (…) en que se resuelva la controversia”. Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe declararse su inadmisibilidad.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 28 de marzo de 2006, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.