Sentencia N° 220 Casación Social TSJ 2000: Jaime Celestino Martínez Monroy vs Banco República C.A. — Nulidad de contrato de…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la facultad de casar de oficio, declara la nulidad de la venta de bienhechurías entre el ciudadano Jaime Celestino Martínez Monroy y el Banco República C.A., argumentando que la propiedad de las bienhechurías se encuentra en terrenos pertenecientes al Instituto Agrario Nacional (I.A.N.), lo que requiere autorización para su traspaso. La sentencia impugnada fue considerada incongruente al no atender adecuadamente los alegatos de la parte demandada, incurriendo en vicios procesales.

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que allí encontrase, aun cuando no se las hubiese denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones: Observa la Sala que la recurrida no decidió con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, en razón de que señaló que fue admitido un hecho alegado por la parte actora por no ser contradicho por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda. Al respecto, la sentencia impugnada señaló: “Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 26 de febrero de 1997, en el cual la parte actora alega lo siguiente: (omissis). Asimismo, destaca esta Alzada que la parte demandada en el acto de contestación de la demanda expresó lo siguiente: (omissis). De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se destaca que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, establece: El presente juicio se corresponde con un juicio de Materia Agraria, la cual es sabido, conforme a los fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales antes citados, es de inminente orden público, y está regida esta materia por una Ley Procesal especial, que prevalece por encima del Código de Procedimiento Civil, conforme a la ubicación en la pirámide Kelseniana, dado que esta Ley Procesal Agraria, es una Ley Orgánica promulgada con posterioridad a la promulgación del Código de Procedimiento Civil y por efecto de lo establecido en el artículo 9 del Código Civil antes citado, esta Ley Orgánica Procesal Agraria, tiene vigencia en el espacio a partir de su promulgación, y por ende debe ser aplicada con preferencia a cualquier otra Ley o cuerpo Normativo, como es el presente caso, lo cual concatenado a lo previsto en los artículos 200 y 208 de la Ley de Reforma Agraria, que preveen los principios de utilidad pública, irrenunciabilidad de derechos y prevalecencia de la Ley de Reforma Agraria, que se aplicara con preferencia a cualquier disposición del ordenamiento legislativo nacional que se oponga a ella, confirma el carácter de orden público y de utilidad pública, y aplicación preferente ante cualquier Ley, de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y de la Ley de Reforma Agraria.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, Estado Miranda, Estado Guárico y Estado Amazonas con competencia nacional como Tribunal de Primera Instancia en materia Contencioso Administrativa Especial Agraria y con competencia nacional como Tribunal Superior en materia de Expropiación Agraria, con sede en la ciudad de Caracas, en fecha 13 de mayo de 1999, y en consecuencia se declara nulo el fallo recurrido. Por consiguiente, se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente dicte nueva sentencia subsanando los vicios referidos. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya identificado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.