TSJ/SCS, Sent. N° 217, Exp. 01-324, 09/08/2001 · 9 de agosto de 2001
Extracto de la motiva
La recurrente en casación, en su primera denuncia del escrito de formalización delata, de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del vigente Código de Procedimiento Civil, la infracción del artículo 243 ordinal 5º del vigente Código de Procedimiento Civil. Para fundamentar su denuncia, la recurrente textualmente señala: “Consta en el texto de la sentencia impugnada que en escrito presentado el 10 de enero del año 2000, escrito de contestación a la demanda (sic) expresó: ‘…que el señor Alberto Camilo Peñaranda, estuvo enfermo durante cinco años y que no reconoció a los menores porque no eran sus hijos; que en el año de 1982 fue operado de la próstata y por lo tanto era imposible que pudiera engendrar… (cita textual de la sentencia inserta al folio 824). Que era totalmente falso que el ciudadano ALBERTO CAMILO PEÑARANDA AMAYA haya vivido con la ciudadana MIRIAM FELISA CASANOVA, ya que nunca abandonó su hogar ni su esposa… (folio 824)’. Como podrá observarse el Juzgador omitió total pronunciamiento referente al argumento esbozado en la contestación de la demanda y que era trascendental tal como 1) Que no podía engendrar; 2) Que siempre ha vivido con su familia y jamás se ha separado de su hogar. De manera que la recurrida incurre en INCONGRUENCIA NEGATIVA al no pronunciarse sobre los alegatos enunciados de carácter fundamental y de ser analizados hubieran cambiado considerablemente el dispositivo…”. Para decidir, la Sala observa: En la primera denuncia del escrito de formalización, la recurrente delata que la sentencia recurrida en casación adolece del vicio de incongruencia negativa, por cuanto omitió pronunciamiento sobre alegatos de la parte demandada contenidos en el escrito de contestación a la demanda. Es decir, la formalizante en casación alega que la recurrida omitió pronunciarse sobre lo “referente al argumento esbozado en la contestación de la demanda y que era trascendental tal como 1) Que no podía engendrar; 2) Que siempre ha vivido con su familia y jamás se ha separado de su hogar”. Así las cosas, la Sala realizó una exhaustiva revisión de las actas que conforman el presente expediente, constatando que en el escrito de contestación a la demanda, la parte demandada alegó lo siguiente: “Es totalmente falso que el ciudadano Alberto Camilo Peñaranda Amaya haya convivido con la ciudadana Miriam Felisa Casanova ya que en ningún momento el ciudadano Alberto Camilo Peñaranda Amaya abandonó su hogar ni su esposa, señora Eliodora Ramírez de Peñaranda, con quien vivió desde que contrajeron matrimonio hasta que ocurrió su fallecimiento. (…) Por otra parte quiero señalar al tribunal que el ciudadano Alberto Camilo Peñaranda Amaya, fue operado de la próstata en el año de 1982, tal y como lo demostraremos en su oportunidad, por tanto resulta imposible que el referido ciudadano pudiera engendrar y ser el padre de las dos menores…” (folios 557 y 590 vto.). También debe la Sala señalar que en el escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, el cual corre inserto al folio 561 y siguientes de la segunda pieza del expediente, se observa que las pruebas promovidas fueron: 1) Acta de Matrimonio; y 2) Testimoniales. Ahora bien, el sentenciador de la última instancia al confirmar el fallo de primera instancia señala en su decisión lo siguiente: “Tal como lo indica el mencionado artículo 214 del Código Civil, la posesión de estado se establece por la existencia suficiente de hechos que la indiquen, es decir, no se requiere plena prueba sino hechos indicativos (…) No hay duda que en materia de filiación, el indicio y no la plena prueba, es lo procedente, tal como lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia. (...omissis…). (…) Las testimoniales y el Justificativo de testigos evacuados y promovidos por la parte demandante, se tienen como plena prueba que las adolescentes MAIRIE y DARIANA recibieron del fallido, el trato de hijas, tanto por el afecto y cariño que les brindaba, como por la atención a sus necesidades, particularmente vivienda y educación que les prestaba tal como lo señalan las demandantes. (…). De las testimoniales promovidas por la parte demandada quedó plenamente demostrado que el fallecido no abandonó su residencia conyugal (…) para nada desvirtúa la filiación de las adolescentes con el fallecido toda vez que no se está discutiendo la existencia de concubinato o relación entre Alberto Camilo Peñaranda y Miriam Casanova. Por ser de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones concernientes a los adolescentes, no hay duda que el establecimiento de la filiación paterna, en función a la certeza de los indicios que así la evidencian, favorece al INTERÉS SUPERIOR DEL ADOLESCENTE y en el caso que nos ocupa hay algo más que indicios, hay pruebas ciertas (testimoniales) que las adolescentes son hijas de ALBERTO CAMILO PEÑARANDA AMAYA. (vide: Folios 830, 831, 846 y 847) (Subrayado de la Sala). De la transcripción anterior se evidencia que el Juez sentenciador sí se pronunció con relación al alegato de que “siempre ha vivido con su familia y jamás se ha separado de su hogar”. Por otro lado, al revisar la Sala las deposiciones de los testigos promovidos por la parte demandada, observa que ninguno de ellos -los testigos- declara en referencia al alegato inserto en el escrito de contestación a la demanda referente a “Que no podía engendrar”. Es por lo señalado en el párrafo anterior, que la Sala constata que dicho alegato al que se refiere la denuncia bajo examen no fue probado por la parte demandada, pues, no aportó pruebas dentro del juicio, que permitieran verificar la veracidad del citado alegato inserto en la contestación a la demanda. Para el examen de la presente denuncia, esta Sala no puede pasar por alto el hecho de que en el presente caso se ventilan derechos de filiación de dos adolescentes, para lo cual esta Sala debe señalar lo que en fecha 30 de noviembre de 2000, expresamente estableció: “La sociedad es un cuerpo dotado de vida y el derecho es un elemento constitutivo de la sociedad que participa de esa vida sujeto a transformaciones con la pretensión de ser más humano. Desde esta perspectiva, el derecho es más extenso que las fuentes formales del derecho e incluso que una regla de derecho, pues existen situaciones que no son pura y simplemente aplicación de reglas formales sino que son situaciones reales, producto de la sociedad misma. Una de estas situaciones son los derechos sociales y de la familia, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico vigente, tal como lo señala la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo V, al indicar: ‘Los derechos sociales contenidos en la Constitución consolidan las demandas sociales, jurídicas, políticas, económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los venezolanos y venezolanas se redescubren como actores de la construcción de un nuevo país, inspirado en los saberes populares que le dan una nueva significación al conocimiento sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo’. (...) La pluralidad de familias, el rescate de la tradición oral de los ancianos y de las ancianas, como patrimonio familiar para una educación cotidiana; la garantía de la autonomía funcional de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales; la ciudadanía progresiva de los “niños y de las niñas definidos como prioridad absoluta del Estado”; los adolescentes y jóvenes entendidos como sujetos estratégicos para el desarrollo sustentable; ...son nuevos elementos elevados a rango constitucional que requieren una interpretación acorde con su finalidad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social. (Subrayado de la Sala). Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: Artículo 78. “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”. (Subrayado de la Sala). En virtud de la supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes esta Sala debe aplicar los siguientes principios constitucionales: Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Subrayado de la Sala). Artículo 257. “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. (Subrayado de la Sala). Es por todo lo antes expuesto, que esta Sala de Casación Social, aun cuando en el presente caso hay una falta de pronunciamiento por parte del Juez, considera inútil la reposición de la causa, por cuanto dicho pronunciamiento no cambia el dispositivo de la sentencia motivo del presente recurso de casación. Lo decidido por esta Sala en el párrafo anterior, tiene su asidero en la aplicación de los principios constitucionales supra citados, así como en la supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual, permite a esta Sala evitar las reposiciones inútiles que obstaculizan una tutela efectiva de los derechos consagrados en la vigente Carta Magna. Así se declara. En virtud de todo lo anterior, esta Sala declara improcedente la primera denuncia del escrito de formalización. Así se decide.
Dispositiva
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) PERECIDO el recurso interpuesto y no formalizado por los codemandados ELIODORA RAMÍREZ DE PEÑARANDA, ALBERTO CAMILO PEÑARANDA RAMÍREZ, EDGAR ANTONIO PEÑARANDA RAMÍREZ y JAIME ANTONIO PEÑARANDA, de conformidad con el artículo 325 del vigente Código de Procedimiento Civil; 2) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la codemandada GLADYS NUBIA PEÑARANDA RAMÍREZ, contra la sentencia definitiva emanada del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con sede en la ciudad de San Cristóbal, en fecha 6 de abril de 2001. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juez de la causa, es decir, al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Sala de Juicio Jueza Unipersonal N° 4, con sede en la ciudad de San Cristóbal. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 326 del vigente Código de Procedimiento Civil.