Sentencia N° 209 — Sala de Casación Social del TSJ, 17 de junio de 2024

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el Magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, admite la solicitud de avocamiento presentada por la abogada Conny Virginia Arevalo en representación de María Carolina Chapellín Bigott. La solicitud se fundamenta en la alegación de violaciones al debido proceso y la falta de notificación adecuada en un juicio de divorcio en el que se vieron involucrados varios expedientes relacionados con la partición de comunidad conyugal e instituciones familiares. La Sala determina que se cumplen los requisitos para el avocamiento, considerando que existen indicios de desorden procesal y afectación a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, se ordena la suspensión inmediata del curso de las causas y se prohíbe cualquier actuación procesal en los expedientes relacionados, así como la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia para su revisión. Finalmente, se establece que la Sala es competente para conocer de la solicitud y se ordena la acumulación de un expediente relacionado con el caso, reafirmando la importancia de garantizar el debido proceso y la justicia en el presente asunto.

(…) Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario de Osorio) (…) Este mismo criterio, fue ratificado, entre otras, en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 3711, del 6 de diciembre de 2005 (caso: “Dámaso Aliran Castillo Blanco y otros”), en la cual se expresó: (…) El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que éstos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, aun cuando la resolución no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolución razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados (…) Aunado a todo lo antes señalado, cabe destacar, que es doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso constituye materia de orden público, y este quebrantamiento puede ser declarado de oficio por el juez en cualquier estado y grado de la causa, en el marco de un debido proceso, para así evitar se produzca un menoscabo del derecho a la defensa, ni el quebrantamiento de alguna forma sustancial del proceso, que amerite su nulidad, en aplicación de lo señalado en los artículos 2, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones indebidas o inútiles; así como el debido proceso y el derecho a la defensa; y un proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia. De igual forma, es doctrina de la Sala de Casación Civil, que el quebrantamiento de las formas procesales en menoscabo del derecho de defensa, constituye materia de orden público, el cual acontece sólo: “…por actos del tribunal, es decir, atribuible al juez al conculcar de forma flagrante el ejercicio a uno de los justiciables, esto es, imposibilitar formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la sentencia que considere le causa un gravamen en los términos previstos en la ley…”. (Vid. Sentencia de la Sala Civil N° 015, de fecha 14 de febrero de 2013, expediente N° 2012-525, caso: Seguros Pirámide, C.A. contra Instaelectric Servicios, C.A. y otros (…)

Se declara procedente la primera fase del avocamiento y se ordena la suspensión inmediata del curso de las causas signadas bajo los alfanuméricos AP51-V-2023-005682(P) y AP51-V-2022-004578(P). Se prohíbe la realización de cualquier actuación procesal en los expedientes so pena de nulidad. Se ordena la remisión de la totalidad de las actuaciones concernientes al juicio de divorcio por desafecto, partición de comunidad conyugal e instituciones familiares, y se acumula el expediente AA60-S-2024-000152 a la presente causa.