Sentencia N° 1926 — Sala de Casación Social del TSJ, 26 de noviembre de 2008

TSJ/SCS, Sent. N° 1926, Exp. 08-1402, 26/11/2008
Expediente08-1402
PonenteLuis E. Franceschi Gutiérrez
MateriaLaboral
Tipo de recursoControl de la legalidad
Fecha de la decisión2008-11-26
DecisiónInadmisible

Resumen

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Carabobo. La decisión se basa en el análisis de los argumentos presentados por la parte recurrente, quienes alegaron violaciones a la normativa laboral y a la carga de la prueba. Sin embargo, la Sala concluye que la decisión impugnada se ajusta a derecho y no se evidencian violaciones a las normas de orden público.

Extracto de la motiva

Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de las normas informadas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

Dispositiva

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 30 de junio de 2008. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

Palabras clave

control de la legalidadinadmisionrecursos laboralesjurisprudencia laboralcarga de la pruebaderecho a la defensaorden público

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